• Proyecto no permite concesiones en parques nacionales, reservas biológicas o forestales o en refugios de vida silvestre.

• Concesiones permitirían desarrollar proyectos sociales en las comunidades, fortalecer la Caja Única del Estado y apoyar las labores de protección ambiental. 

Asamblea Legislativa, 8 de marzo, 2022. El proyecto de ley de la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN) para regular la actividad minera metálica en el país fue dictaminado de manera afirmativa esta tarde en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.

Con esto, el expediente 21.584 Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica, podrá avanzar en su trámite al Plenario legislativo, de cara a su votación final.

“La inacción y la negligencia de los últimos dos Gobiernos nos han llevado a un desastre ambiental, principalmente en la zona de Crucitas, producto de la minería ilegal. Esto ha conllevado a afectaciones de índoles social, económica, de salud y de seguridad. Ha sido una bomba de tiempo que se mantiene en la zona y que ha sido incapaz el Estado de contener y que ahora este proyecto de ley dictaminado busca regular”, aseguró la diputada María José Corrales, quien es jefa de fracción del PLN.

De esta manera, el texto plantea la posibilidad de que el Estado costarricense pueda otorgar concesiones de exploración, explotación y beneficiamiento de minerales metálicos.

Permisos y prohibiciones

El proyecto establece la posibilidad de que se puedan otorgar concesiones para minería artesanal (igual o menor a 2.500 toneladas métricas por mes), pequeña minería (igual o menor a 18 mil toneladas métricas por mes) o mediana minería (igual o menor a 210 mil toneladas métricas por mes). El área máxima permitida para exploración sería de 10 kilómetros cuadrados.

De igual manera, se detalla en el texto que no se autorizarán concesiones en parques nacionales, reservas biológicas o forestales o en refugios de vida silvestre, así como en áreas que la Comisión Nacional de Emergencias que estén asociadas a amenazas naturales. También, se prohíbe el uso de mercurio en cualquier fase de explotación o de beneficiamiento de los materiales minerales.

Una de las novedades es la conformación de una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) que deberá conformarse en todo cantón donde se realice actividad minera y que estará conformada por funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, de la municipalidad donde se desarrolle el proyecto, de un representante de una Organización No Gubernamental ambiental y de las cámaras empresariales.

Aporte al Estado

El proyecto propone un impuesto del 8% calculado sobre la extracción del material procesado. La distribución de ese impuesto se establece de la siguiente manera:

• 45% de los recursos irán a la Caja Única del Estado (al menos un 25% para fortalecer programas sociales).

• 15% irán a la municipalidad donde se desarrolle el proyecto.

• 10% se destinará a otras municipalidades ubicadas en la región de planificación donde se encuentra la explotación y de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social elaborado por el Ministerio de Planificación para realizar inversiones en infraestructura y desarrollo social del cantón. 

• 10% se trasladará al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y para fortalecer la vigilancia en parques nacionales.

• 10% se destinará al presupuesto de la Dirección de Geología y Minas del Minae. 

• 10% a la creación de un fondo verde de mitigación de acciones ambientales que será administrado por el Minae.

“El oro, principalmente el de Crucitas, nos lo están robando a expensas de un Gobierno que no ha asumido su responsabilidad. Todo esto cambia con este proyecto que fue ampliamente trabajado con todas las partes interesadas en mesas técnicas de trabajo que se desarrollaron en la Asamblea Legislativa, para depurar así el texto dictaminado”, señaló la diputada María José Corrales.