| Evaluación de impacto del Bono Proteger determinó la efectividad del programa |
| El programa logró compensar de manera temporal el ingreso de los hogares de las personas que perdieron el empleo, se suspendió su contrato o se les redujo la jornada laboral a consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19 durante 2020, señala en un comunicado MIDEPLAN |
| El Programa Bono Proteger (BP) surgió como una intervención pública en respuesta a la afectación socioeconómica en las personas, producto de la Emergencia Nacional por COVID-19, como parte de las medidas de primera respuesta tomadas para hacer frente a la crisis por las afectaciones laborales. Fue entregado a 724.330 personas y tuvo una inversión de 260 mil millones de colones (0,9% del PIB en 2020), destacado por la CEPAL como el incentivo más amplio y de mayor cuantía en 15 países de América Latina, señala el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) La evaluación de impacto realizada aporta evidencia sobre sus resultados, que apuntan a que el modelo de transferencia monetaria directa a personas que vieron modificadas sus condiciones laborales fue determinante para la contención de incremento de la pobreza en el país; especialmente, mediante su estrategia de virtualización y modelo de auto-gestión que permitió la incorporación masiva en el programa de diversos colectivos afectados, incluyendo perfiles que tradicionalmente han estado excluidos de los mecanismos de protección social como personas trabajadoras informales o temporales. Se estimó que la recepción del BP permitió disponer de 10,7% más de ingresos en el hogar en comparación con no haberlo recibido. Según el INEC, en 2020 los hogares tuvieron una reducción del 12% en sus ingresos a partir de las afectaciones por el COVID, por lo que el programa permitió compensar en un alto grado la reducción de ingresos de manera temporal y con ello coadyuvar a la satisfacción de sus necesidades básicas (específicamente la compra de alimentos, el pago de servicios públicos, vivienda y movilidad). La evaluación determina que los recursos del Bono se dirigieron a las personas que mayormente lo necesitaban considerando que presentaban un menor nivel de ingresos que aquellas no beneficiarias y que además el suceso laboral les supuso tener una pérdida de 4,7% más de recursos, es decir, sufrieron con mayor agudeza la consecuencia de la pérdida del empleo o la reducción de su jornada laboral. Lo anterior, refleja una adecuada focalización del programa en términos generales. El 93,5% de las personas beneficiarias se encuentra acorde con el perfil requerido para optar por el programa. El grado de cobertura del programa (67%) se valora como moderada y positiva tomando en consideración la magnitud de la afectación de la emergencia dentro de la fuerza laboral del país (1,08 millones de personas en el II trimestre del 2020). Los casos detectados como posibles filtraciones ascienden a 6,3%, que en términos comparados refiere a 60% menos que la tendencia de los programas sociales (valores cercanos al 18% en promedio). Dentro de la evaluación se construyó un índice para medir la percepción del desempeño del programa, el cual obtuvo un puntaje global de 74%, teniendo como valoraciones destacadas la plataforma virtual (85%), la facilidad y cantidad de trámites (83%), el tiempo invertido para completar los requisitos (85%) y la comunicación (47%) donde se observan oportunidades de mejora para hacer llegar a la persona solicitante del subsidio información del estado de su trámite y el motivo por el cual se aprueba o deniega el mismo. Dentro del análisis realizado se consignan aproximadamente 96 mil personas que lograron una inserción efectiva al sistema bancario a partir del BP, lo que sugiere que el programa genera efectos a mediano-largo plazo en la inclusión financiera. En términos de eficiencia se propone añadir otros criterios del mercado laboral para mejorar la pertinencia del programa; además, se recomienda mejorar la suficiencia dirigiendo en mayor medida los recursos según el grado individual de afectación laboral de las personas, ampliando los rangos utilizados para la asignación del subsidio. Estas recomendaciones, en unión a otras como la identificación de una fuente de recursos específica, el mayor rigor en la verificación de la asignación del beneficio y fortalecimiento de la comunicación, están dirigidas para favorecer la toma de decisiones basadas en evidencia para futuros contextos de emergencia nacional y servirán de soporte para la generación de lineamientos a lo interno de las instituciones responsables. Para desarrollar esta evaluación se aplicaron metodologías robustas (cuasi-experimentales) y novedosas en el país como “Spending review” (revisión de gasto) que buscan generar un mayor alineamiento del gasto público con las prioridades estratégicas y políticas. Se contó con una asistencia técnica del Instituto de Estudios Fiscales de España, en el marco del programa Euro-Social+. |
