El Presidente de la República firmó una Directriz Ejecutiva, el cual se compromete a prioritizar y fortalecer el cumplimiento la normativa vigente sobre inclusión y protección laboral de personas con discapacidad en el sector público.
Esta normativa aplica a todas las instituciones autónomas, semi autónomas, demás entes públicos estatales y no estatales, empresas públicas estatales y no estatales, así como entes reguladores y fiscalizadores que reciban presupuesto de Hacienda.
Las acciones puntales que están incluidas dentro de la Directrz Ejecutiva incluyen:
• Emitir una Política Institucional de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, en un plazo máximo de un mes a partir de la publicación de la directriz
• Realizar la reserva de plazas vacantes, en consonancia con el estudio de plazas vacantes que remita la Comisión Especializada de Empleo y Discapacidad
• Instruir a la dependencia encargada de los Recursos Humanos de la institución, la ejecución de los procesos de reclutamiento, selección, evaluación y contratación de personas con discapacidad para ocupar las plazas reservadas
• Informar los resultados de la aplicación de la presente Directriz a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Empleabilidad y el Trabajo de las Personas con Discapacidad, a más tardar el 31 de marzo del 2023
La ley que regula este tipo de contrataciones contempla sanciones para las instituciones que nombren a personas sin condición de discapacidad en puestos reservados para este fin, lo cual se considera como una falta grave al reglamento.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el ente que le corresponderá la vigilancia y cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras con discapacidad.
Esta Administración tiene el compromiso de luchar por los derechos de todas y todos los trabajadores sin importar de su condición además de generar opciones de empleo para cada uno de ellos.
