En los Tribunales de Goicoechea, este lunes se llevó a cabo el tercer juicio relacionado con el supuesto delito de prevaricato en el llamado caso Crucitas. Este caso se vincula con un proyecto minero que tuvo lugar en Cutris de San Carlos y que estuvo a cargo de la empresa Industrias Infinito.
El punto de partida de esta controversia se remonta a 2008, cuando el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, y el expresidente Oscar Arias firmaron un decreto que declaraba el proyecto minero de interés público y conveniencia nacional. Este decreto se publicó el 17 de octubre, hace exactamente 15 años.
Tanto el mencionado documento como los procedimientos previos han estado en el centro de la polémica y han resultado en procedimientos legales.
La Fiscalía alega que Dobles y cuatro exmiembros de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), apellidados Lezama, Boza, Cruz y Corrales, presuntamente cometieron el delito de prevaricato, que implica tomar decisiones contrarias a la ley. Además, se acusa de la misma conducta a la exsecretaria de la Setena, apellidada Espinoza, y a la exjefa del Registro Nacional Minero, de apellido Cavallini.
El fiscal Carlos Manuel Jiménez Robleto proporcionó un resumen de los hechos.
La concesión minera a Industrias Infinito S.A. fue aprobada en diciembre de 2001 para la explotación de oro, plata, cobre y minerales asociados durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez.
En 2022, el Gobierno de Abel Pacheco emitió una moratoria para la actividad minera metálica de oro a cielo abierto, aunque se estableció que se respetarían todos los derechos adquiridos antes de la fecha de publicación.
En noviembre de 2004, la Sala Constitucional anuló la resolución de 2001 que otorgó la concesión minera a Industrias Infinito debido a la falta de un estudio de impacto ambiental.
