Dos familias de estudiantes LGBT, quienes han decidido recurrir a la Sala Constitucional (Sala IV) mediante recursos de amparo para impugnar la eliminación de un protocolo antibullying específico para la comunidad LGBT, detalla medio la República
Este protocolo había sido implementado previamente para proteger a los estudiantes de la diversidad sexual de situaciones de acoso escolar, violencia y discriminación.
En sus recursos de amparo, las familias argumentan que la decisión del gobierno de reemplazar el protocolo existente por uno integral, destinado a abordar el acoso escolar en general sin hacer distinciones por orientación sexual o identidad de género, constituye un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes LGBT.
A juicio de los denunciantes, este cambio no responde adecuadamente a las necesidades particulares de los estudiantes que, debido a su orientación sexual, enfrentan vulnerabilidades específicas, como lo demuestra la histórica incidencia de bullying hacia este grupo.
El protocolo que fue eliminado no solo contemplaba medidas de protección, sino también estrategias de sensibilización, formación para docentes y personal educativo, y mecanismos de apoyo para las víctimas de acoso, lo que contribuía a crear un ambiente escolar más seguro e inclusivo.
Por el contrario, el nuevo protocolo general no incluye directrices claras que aborden estas particularidades, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de las medidas de protección.
El caso se complica aún más con el hecho de que, según los recursos presentados, ya se han registrado en los primeros días del curso lectivo varios incidentes de acoso, incluyendo agresiones sexuales, dirigidas a estudiantes de la comunidad diversa.
Estos casos refuerzan la urgencia de restituir un protocolo específico que permita a los estudiantes LGBT contar con una protección adecuada y que promueva una cultura de respeto y no discriminación dentro de las instituciones educativas.
Las familias, preocupadas por la seguridad y el bienestar de sus hijos, consideran que la eliminación del protocolo especializado deja a los estudiantes LGBT en una situación de vulnerabilidad, exponiéndolos a mayores riesgos de violencia y abuso.
Este contexto pone en evidencia la necesidad de que el sistema educativo cuente con herramientas claras y específicas para proteger a todos los estudiantes, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, garantizando así una educación libre de acoso y discriminación.
