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Un nuevo informe sobre caso Diamante enfrenta a oficialismo y oposición en la Comisión Legislativa
Un segundo documento investigativo presentado por el Frente Amplio, enfocado en el escándalo de corrupción del caso Diamante, fue bloqueado por los partidos de gobierno, el PLN y el PUSC, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
La decisión reactiva las tensiones políticas en medio de acusaciones de encubrimiento y dilaciones en el proceso judicial.
Con un voto dividido, los diputados aprobaron un informe de minoría impulsado por el Partido Nueva República (PNR), que exige al Ministerio Público acelerar las acusaciones formales y garantizar juicios contra seis exalcaldes vinculados a irregularidades en proyectos de infraestructura:
- Johnny Araya Monge (San José, PLN).
- Alfredo Córdoba (San Carlos, independiente).
- Alberto Cole De León (Osa, PUSC).
- Humberto Soto (Alajuela, PLN).
- Arnoldo Barahona (Escazú, PUSC).
- Mario Redondo Poveda (Cartago, actual alcalde, PLN).
El informe también solicita indagar a empresas constructoras por posibles delitos como cohecho, malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, destacando fallas críticas en los sistemas de control de las municipalidades.
Señalamientos concretos y nuevos implicados
Yonder Salas, diputado del PNR, denunció: “Identificamos concentración fraudulenta de contratos, modificaciones unilaterales a conveniencia de las empresas y pagos sin respaldo legal.
Esto no es solo corrupción, sino un colapso institucional”.
La investigación amplía su alcance a Cristian Boraschi, exgerente de Gestión Urbana de Escazú, y Gustavo Alonso Mayorga, exregidor de Golfito, por presunta omisión en supervisiones clave.
Recomendaciones para reformar el sistema
El documento propone una revisión integral de la Ley de Contratación Pública y la Ley General de Control Interno, con énfasis en:
- Auditorías obligatorias con inteligencia artificial para detectar sobrecostos o plazos sospechosos.
- Sanciones ejemplares, incluyendo destituciones y inhabilitaciones permanentes para funcionarios corruptos.
- Capacitación certificada en ética pública para empleados de compras y finanzas municipales.
Además, urge a la Contraloría General a implementar mecanismos de alerta temprana y auditorías sorpresa, mientras exige a los gobiernos locales adoptar software de transparencia en tiempo real.
Próximos pasos y reacciones
El informe será elevado al plenario legislativo en medio de un clima de polarización. Mientras el Frente Amplio acusa a PLN y PUSC de “proteger a sus correligionarios”, estos últimos tildan el documento de “estrategia mediática sin pruebas contundentes”.
La trama, destapada en 2022, involucra sobreprecios en obras de infraestructura urbana en al menos 15 municipalidades, con pérdidas estimadas en ?45.000 millones. Hasta ahora, solo dos exalcaldes enfrentan procesos penales, lo que ha generado críticas por la lentitud judicial.
Este nuevo capítulo refuerza la presión sobre el Ministerio Público para actuar antes de que prescriban los delitos, en un caso que ya es emblemático de los desafíos anticorrupción en Costa Rica.
