Proyecto de ley busca prohibir la discriminación laboral por tatuajes y perforaciones en Costa Rica
El diputado Antonio Ortega, del partido Frente Amplio, presentó en enero de 2024 el proyecto de ley número 24.113, una iniciativa que pretende modificar el Código de Trabajo de Costa Rica para prohibir la discriminación laboral basada en tatuajes, perforaciones u otras formas de expresión corporal. La propuesta plantea la reforma del artículo 404 y la adición de un párrafo al artículo 410 con el fin de garantizar que las personas no sean excluidas de oportunidades de empleo o afectadas en su permanencia laboral por su apariencia.
Un problema de discriminación sin regulación clara
Según el legislador, la falta de normativas específicas ha permitido que prácticas discriminatorias ocurran sin mayores consecuencias. Muchas personas con tatuajes o piercings han reportado dificultades para ser contratadas o incluso han sido despedidas debido a la percepción de que su imagen no es “adecuada” para ciertos puestos de trabajo. Ortega argumenta que este tipo de criterios son subjetivos y atentan contra el derecho de cada individuo al libre desarrollo de su personalidad.
“La discriminación por tatuajes o perforaciones no tiene justificación cuando el trabajador cumple con sus funciones de manera eficiente. Es absurdo que en pleno siglo XXI se sigan usando estos rasgos físicos como motivo de exclusión laboral”, señaló el diputado al presentar la iniciativa.
El proyecto de ley establece que los tatuajes o perforaciones no podrán ser utilizados como criterios para la contratación o despido de un trabajador, a menos que exista una razón de peso vinculada a la seguridad, la salud o el interés público. De esta forma, se busca un equilibrio entre la libertad de expresión y las necesidades operativas de ciertas industrias.
Sanciones para empresas que discriminen
Además de prohibir la discriminación laboral basada en la apariencia corporal, la propuesta contempla sanciones para las empresas que incurran en estas prácticas. Según el texto del proyecto, los empleadores que tomen decisiones laborales fundamentadas en tatuajes o perforaciones deberán reparar integralmente el daño causado al trabajador afectado, incluyendo una indemnización económica proporcional al perjuicio sufrido.
Asimismo, se establecen multas para las compañías que implementen políticas restrictivas sin justificación razonable. “El objetivo es garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que la imagen personal no sea utilizada como una excusa para la exclusión o el maltrato en el ámbito laboral”, agregó Ortega.
Antecedentes legales y posición de la Sala Constitucional
Este debate no es nuevo en Costa Rica. En febrero de 2023, la Sala Constitucional emitió una resolución en la que se establece que los empleadores pueden solicitar a sus trabajadores que cubran sus tatuajes en determinados contextos laborales. Sin embargo, esta decisión dejó abierta la posibilidad de que las empresas adopten normas internas sobre la presentación personal, lo que ha generado incertidumbre respecto a los derechos de las personas tatuadas en el ámbito laboral.
La resolución reconoce que los trabajadores tienen derecho a expresarse mediante tatuajes, pero también valida la posibilidad de que los patronos impongan restricciones, siempre que sean razonables y proporcionales. Esto ha sido interpretado por algunos sectores como una carta blanca para seguir aplicando criterios discriminatorios bajo el argumento de la imagen corporativa.
Un paso hacia la inclusión y la diversidad laboral
El proyecto del Frente Amplio busca cerrar estos vacíos legales y asegurar que ninguna persona sea juzgada en su lugar de trabajo por su apariencia. Para Ortega, este es un paso fundamental hacia una sociedad más inclusiva, en la que se respeten las diferencias individuales y se valore el talento por encima de la estética.
La propuesta ha generado opiniones divididas entre el sector empresarial y defensores de derechos humanos. Mientras algunos empresarios consideran que la libertad de contratación les permite definir ciertos estándares de imagen para su personal, organizaciones de derechos laborales y colectivos de personas tatuadas han celebrado la iniciativa como un avance en la lucha contra la discriminación.
Por ahora, el proyecto de ley 24.113 se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa, y su futuro dependerá del respaldo que logre reunir en el plenario. De aprobarse, Costa Rica se sumaría a otros países que han avanzado en la protección de los derechos laborales de las personas con modificaciones corporales, promoviendo un entorno de trabajo más diverso y equitativo.
