Regidores aprueban conciliación en caso de peculado tras 15 años en tribunales
El pasado lunes 31 de marzo ocho regidores sancarleños aprobaron una moción para conciliar un caso de peculado que ha permanecido en tribunales por más de 15 años.
En este caso, el municipio se habría visto perjudicado por un monto de 108 millones de colones, luego de que exfuncionarios favorecieran a familiares con recursos municipales.
A pesar de no conocer con certeza el daño real que esto representó para el municipio y sin poder establecer un precedente, los regidores votaron a favor de conciliar por un pago de 55 millones de colones, bajo un esquema de pagos a plazos. Esta decisión dejó abierta la posibilidad de que el caso fuera resuelto en un juicio.
El juicio, que había iniciado la semana pasada en los Tribunales de Goicoechea, fue suspendido para remitir al Concejo Municipal la solicitud de conciliación presentada por los cinco imputados: tres exfuncionarios municipales y dos empresarios.
Luisa Chacón, la única regidora que votó en contra, declaró a El Norte Hoy que la propuesta de conciliación llegó a los correos de los regidores el mismo lunes, sin que tuvieran oportunidad de analizar a fondo el acuerdo.
Ese mismo día, el abogado municipal asistió al Concejo Municipal para brindar detalles y, de inmediato, se procedió a la votación. Chacón destacó que este caso ha estado en los tribunales por 15 años y que, en administraciones anteriores, se había rechazado conciliar con el fin de que la justicia determinara si hubo o no daño a la hacienda pública.
Así las cosas, el mensaje que dan los actuales regidores es que se puede robar y si se tiene dinero se paga y aquí no pasado nada, algo muy grave para en la busca que de eliminar la corrupción.
Después de 15 años el pasado 27 de marzo dio inicio el juicio por presunto peculado contra exfuncionarios de la Municipalidad de San Carlos y empresarios, en el Tribunal de Justicia del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. Testificaran funcionarios municipales y denunciantes.
El caso, registrado bajo el expediente 23-000029-0951-PE, se centra en presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones directas que habrían favorecido a familiares de la entonces coordinadora de proveeduría municipal, Jennifer Campos Zamora.
Empresarios señalados buscan acuerdo para evitar el juicio
Los empresarios acusados son Oscar Campos Cordero y Donald Cruz Araya, quienes presuntamente se beneficiaron con más de 108 millones de colones en contratos municipales entre 2008 y 2010.
Según la acusación, obtuvieron al menos cuatro licitaciones y once contrataciones directas gracias a la influencia de Campos Zamora.
La investigación, que inició en 2010 a raíz de una denuncia del exregidor Carlos Corella ante la Contraloría General de la República, expone que “Excavaciones Campos Zamora S.A.” utilizó la empresa “Transportes Cruzco S.A.” como una pantalla para desviar fondos municipales.
Según las pesquisas, esta última no tenía maquinaria propia ni permisos de subcontratación, pero ganó las licitaciones mientras “Excavaciones Campos Zamora” ejecutaba las obras.
Dado el avance del proceso, algunos imputados intentaron negociar con la Municipalidad de San Carlos para evitar el juicio.
En 2015, los empresarios propusieron un pago de ?30 millones como compensación, pero el Concejo Municipal rechazó la oferta.
Funcionarios municipales también implicados
El caso también involucra a exfuncionarios municipales, entre ellos:
Jennifer Campos Zamora, excoordinadora de proveeduría, acusada de favorecer a su familia en las adjudicaciones.
• Bernal Hernández Vásquez, exingeniero municipal, señalado por su presunta complicidad.
• Marcos Rojas, funcionario de proveeduría que aún labora en el municipio.
La acusación establece que los imputados habrían violado el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, que prohíbe adjudicar obras a familiares de empleados con poder de decisión. También se les señala por infringir la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que contempla penas de hasta ocho años de prisiónpara funcionarios que beneficien a sus allegados.
Juicio clave para la lucha contra la corrupción
El proceso judicial, que se desarrolla en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, es visto como un caso emblemático en la lucha contra la corrupción en la administración pública.
La resolución final determinará si los imputados deberán enfrentar las sanciones correspondientes o si podrán llegar a un acuerdo con la Municipalidad de San Carlos.
Mientras tanto, las autoridades municipales y la comunidad sancarleña permanecen atentas al desarrollo del juicio, que podría sentar un precedente en la transparencia de la gestión de fondos públicos en Costa Rica.
