Rodrigo Chaves enfrenta grave acusación por presunto delito de concusión ligado a contrato millonario con el BCIE
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se enfrenta a una de las acusaciones más delicadas desde que asumió el poder. El fiscal general, Carlo Díaz, lo responsabiliza directamente por un presunto delito de concusión, relacionado con un contrato de $405.800 tramitado a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En la acusación también figura el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien habría tenido participación en la estructuración del contrato investigado.
La acusación se sostiene sobre evidencia clave aportada por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien entregó al Ministerio Público grabaciones de audio captadas dentro de Casa Presidencial. Dichos audios, revelados por el diario La Nación a finales de 2023, habrían expuesto conversaciones que muestran cómo se tomaban decisiones dentro del Ejecutivo y los posibles intereses detrás de la contratación cuestionada.
Un contrato hecho a la medida
El eje del caso gira en torno a la contratación de servicios de comunicación para Casa Presidencial, presuntamente diseñada para favorecer a la empresa RMC La Productora S. A., conocida comercialmente como Nocaut, cuyo director es el productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas. Aunque su nombre está en el centro del escándalo, Bulgarelli no enfrenta cargos. En su lugar, fue convertido en testigo clave del Ministerio Público tras acogerse a un criterio de oportunidad, una figura legal que lo exime de responsabilidad penal a cambio de colaborar plenamente con la investigación.
Según la Fiscalía, el contrato no solo benefició directamente a Bulgarelli y su empresa, sino que también habría sido utilizado como un mecanismo para retribuir favores políticos, particularmente aquellos relacionados con la campaña electoral que llevó a Chaves a la Presidencia. Entre los señalados por haber recibido pagos figura Federico “Choreco” Cruz Saravanja, exasesor de imagen del mandatario. Aunque no ostenta ningún cargo público en la actualidad ni goza de inmunidad, su proceso penal avanza por una vía paralela en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El delito y sus implicaciones legales
El presunto delito de concusión atribuido al presidente Chaves y al ministro Rodríguez está contemplado en el artículo 355 del Código Penal costarricense, el cual establece penas de hasta ocho años de prisión para cualquier funcionario público que, abusando de su cargo, obligue o induzca a otra persona a otorgar beneficios indebidos, ya sea para sí mismo o para terceros.
El fiscal general presentó formalmente la acusación ante la Corte Plena, que ahora tiene la responsabilidad de remitir el expediente a la Asamblea Legislativa. Corresponderá a los diputados decidir si procede o no el levantamiento de la inmunidad del presidente y del ministro, un paso indispensable para que la causa penal pueda avanzar formalmente en los tribunales de justicia.
Un proceso con repercusiones políticas
El caso ha sacudido al panorama político nacional, no solo por la magnitud de las figuras involucradas, sino por las implicaciones que podría tener en la estabilidad del Ejecutivo. El levantamiento de la inmunidad presidencial sería un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, abriendo la puerta a un juicio penal en ejercicio de funciones.
Desde Casa Presidencial, ni Chaves ni Rodríguez han emitido declaraciones oficiales tras la acusación, aunque se espera que en los próximos días se pronuncien ante la opinión pública o mediante canales institucionales. La expectativa crece también en la Asamblea Legislativa, donde las fracciones parlamentarias ya analizan la documentación enviada por la Corte y valoran sus próximas acciones.
Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo de un caso que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la alta esfera del poder político costarricense.
