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Costa Rica bajo la lupa de la ONU por trato a menores migrantes detenidos en la frontera sur
Una denuncia presentada ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pone en la mira a Costa Rica por supuestas violaciones a los derechos de 81 menores migrantes deportados desde Estados Unidos y retenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la frontera con Panamá.
El caso, que fue reportado por The New York Times y El País, revela que los menores —originarios de países como Irán, Afganistán y Azerbaiyán— habrían permanecido hasta dos meses bajo custodia en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como atención médica, educación o asesoría legal. Algunos de ellos son niños de apenas 2 años.
Los relatos incluidos en la demanda, presentada por la abogada Silvia Serna Román, recogen testimonios desgarradores. “No podemos regresar a Afganistán; no estamos seguros allá”, declaró un migrante identificado como Saber al Times. Por temor a represalias, muchos pidieron anonimato.
Serna presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional el 7 de marzo, argumentando que las más de 200 personas detenidas en Catem no han cometido delitos en suelo costarricense y, por tanto, su detención no tiene sustento legal. La abogada cuestiona además el llamado “retorno voluntario” de algunas familias, alegando que se trata más de una salida forzada por las condiciones del centro que de una decisión libre.
Informes de la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y varias ONG respaldan las denuncias y señalan deficiencias en las condiciones del Catem, que podrían estar generando un daño irreparable en los niños.
Por su parte, el director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, aseguró al New York Times que las personas no están detenidas, pero sí requieren escolta policial para salir del centro, debido a su estatus migratorio en tránsito. Afirmó también que el país no repatria a personas que temen por su vida.
El presidente Rodrigo Chaves defendió la postura del gobierno, señalando que Costa Rica solo funge como país de tránsito para migrantes deportados por Estados Unidos, y negó que haya detenciones arbitrarias o maltratos en el centro de retención.
El caso ha desatado una nueva ola de cuestionamientos sobre el papel de Costa Rica en el manejo de flujos migratorios internacionales y las garantías ofrecidas a las personas más vulnerables: los niños.
