Redacción El Norte Hoy – San Carlos | El Banco de Costa Rica (BCR) confirmó este martes que los dos gerentes de sucursal y un tesorero implicados en el caso judicial conocido como “Shark”, por presunto lavado de dinero, se encuentran suspendidos de sus funciones, pero goce de salario, luego de que circulara información contradictoria sobre su situación laboral.
En una primera comunicación, el BCR indicó en octubre que los funcionarios permanecían suspendidos sin goce de salario, citando el artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual establece que “el procedimiento preparatorio no será público para terceros”. Sin embargo, tras una consulta directa realizada por El Norte Hoy, hoy martes 13 de mayo el banco corrigió su declaración:
“En atención a la consulta, le informamos que para los tres colaboradores se aplicó lo dispuesto por el juez, por lo que su contrato de trabajo se encuentra suspendido con goce de salario”, detalló la institución bancaria en su respuesta oficial.
Funcionarios involucrados
Los tres funcionarios señalados son:
- Hubeth Vargas Mora, gerente del BCR en Río Cuarto.
- Elmer Salas Sandoval, gerente del BCR en Pocosol de San Carlos.
- Un tesorero del banco, de apellidos Zúñiga Brenes.
Los trabajadores fueron detenidos en octubre del 2024 durante una serie de allanamientos simultáneos coordinados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, como parte del desarrollo del caso “Shark”, el cual investiga una red de crimen organizado dedicada al lavado de dinero en el sistema financiero nacional.
Según fuentes judiciales, los funcionarios bancarios habrían utilizado su posición para facilitar el ingreso de capitales ilícitos al sistema bancario costarricense, en complicidad con los líderes de una red criminal dedicada a actividades de narcotráfico y legitimación de capitales.
Medidas judiciales
Pese a la gravedad de los hechos, los tres funcionarios fueron dejados en libertad por decisión de un juez de la República. No obstante, continúan como imputados en el proceso penal, y se les impusieron medidas cautelares como firmar periódicamente ante los tribunales mientras avanza la investigación.
Por otro lado, nueve personas más detenidas en el marco del caso “Shark” permanecerán en prisión preventiva por un plazo de seis meses, según ordenó el juez que lleva el expediente.
Una red con contactos internos
La Fiscalía sostiene que la red criminal tenía contactos dentro del sistema bancario, lo que facilitaba el movimiento de grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. La buena relación entre los funcionarios del banco y algunos de los imputados por lavado de dinero fue uno de los factores que detonó las acciones judiciales contra el personal del BCR.
Este caso vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos de infiltración de redes criminales en el sistema financiero nacional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno. El BCR, por su parte, aseguró que colabora plenamente con las autoridades judiciales y que tomará las medidas necesarias una vez que la situación legal de los funcionarios se resuelva de forma definitiva.