La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutaron este martes 13 de mayo varios allanamientos en diferentes puntos del país, entre ellos las residencias de altos exfuncionarios públicos. Los operativos se enmarcan dentro de una investigación por supuestos actos de corrupción relacionados con contrataciones y manejo de fondos públicos en el proyecto de ampliación y remodelación del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós.
Los investigados son:
- Mauricio Batalla, exministro del MOPT, quien habría autorizado o facilitado contratos bajo investigación.
- Alejandro Picado, presidente de la CNE, cuya participación se investiga por presunta coordinación o uso de recursos institucionales en obras que exceden las competencias de la entidad.
- Marco Castillo , exdirector de Aviación Civil, señalado por su papel en la adjudicación y supervisión de contratos de obra pública dentro del aeropuerto.
Las autoridades sospechan que hubo direccionamiento indebido de licitaciones, pagos inflados a empresas constructoras y posibles vínculos entre funcionarios públicos y contratistas. También se investiga si hubo uso de recursos de emergencia para obras que no cumplían con los requisitos legales para ese tipo de financiamiento.
Reacción de las autoridades:
El Ministerio Público confirmó que se han decomisado documentos, computadoras y teléfonos celulares que serán analizados para establecer la posible comisión de delitos como peculado, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
“Estamos recopilando pruebas que podrían confirmar una red de favorecimientos indebidos en la ejecución de obras públicas en una terminal aérea clave para el turismo y comercio del país”, señaló una fuente judicial.
Contexto del caso:
El aeropuerto Daniel Oduber Quirós ha sido objeto de varios procesos de remodelación y expansión en los últimos años, con una inversión millonaria proveniente de fondos públicos y préstamos internacionales. Diversas obras han estado en el centro de cuestionamientos por atrasos, cambios en los planos originales y aumentos de presupuesto.
La investigación arrancó tras una denuncia anónima que puso en evidencia posibles vínculos entre funcionarios y empresas beneficiadas con contratos. Desde entonces, la Fiscalía ha estado recabando información financiera, administrativa y técnica sobre cada adjudicación.
Próximos pasos:
De momento, no se han girado órdenes de detención, pero los tres exfuncionarios fueron citados a declarar en calidad de investigados. El avance del caso dependerá del análisis del material incautado.
Ninguno de los tres aludidos ha ofrecido declaraciones públicas. Sin embargo, se espera que en las próximas horas sus abogados brinden comunicados oficiales o conferencias de prensa.
Este caso podría escalar a una de las investigaciones por corrupción más relevantes en el sector infraestructura de los últimos años, dado el perfil de los implicados y la relevancia económica del aeropuerto en cuestión.
OIJ Sección de Anticorrupción: Agentes judiciales ejecutan 22 allanamientos en diferentes zonas del país.
· Sospechosos figuran en dos causas por varios delitos. Allanamientos de realizan en casas de ex ministros de Transportes Luis Amador y Batallas ambos
Agentes Judiciales destacados en la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan en este momento un total de 22 allanamientos en diferentes zonas del país, esto bajo dirección funcional del Ministerio Público, propiamente con la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde se pretende detener a cuatro masculinos, los cuales figuran como sospechosos de los delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.
Según el informe preliminar, los hechos con los que se vincula a estos sujetos, presuntamente, iniciaron el 21 de junio del 2023, esto a raíz de que, en apariencia, uno de los sospechosos, quien, aparentemente, forma parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, presuntamente, habría solicitado al Poder Ejecutivo que se incluyera el cantón de Liberia, en la provincia de Guanacaste, dentro de los cantones afectados por los efectos de las ondas tropicales 11, 12 y tormenta tropical Bonnie, esto con el supuesto objetivo de poder gestionar procesos licitatorios bajo el régimen de excepción establecido en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Lo anterior, para, presuntamente, poder adjudicar la contratación denominada: “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós” a una empresa privada dedicada a la construcción, para que, supuestamente, llevara a cabo la ejecución de las obras; aparentemente, adjudicación que adquirió firmeza el 29 de enero del 2024.
A raíz de esto, aparentemente, se inició con el proyecto de reparación de la misma con base a los términos cartelarios y especificaciones que fueron definidos por personeros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil; esas especificaciones lo que pretendían era la reparación no solo de la parte superficial de la pista sino también de las capas subyacentes, lo cual le daría mucho más tiempo de vida útil a la pista y además estaría cumpliendo con la intervención de los daños que tenía toda la pista, que, en apariencia, habían sido provocados por las ondas tropicales y tormenta ya referidas.
A pesar de lo anterior y durante el transcurso del proyecto, supuestamente, la empresa constructora, que fue la empresa adjudicada, planteó la necesidad de una ingeniería de valor, que pretendía dar a entender que, supuestamente, no era necesario reparar algunas de las capas subyacentes de la pista porque, en apariencia, estaban en buenas condiciones y esa ingeniería de valor llegaría a modificar el objeto contractual inicial de la Licitación, siendo que, el encargado de la unidad ejecutora y personeros de Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación civil no estuvieron de acuerdo y aparentemente, a partir de ese momento empezaron a recibir presuntas presiones por parte de los sospechosos, provocando incluso que se realizara la sustitución del encargado de la unidad ejecutora, que se mostró en contra de esa variación en los términos del proyecto, para que finalmente se aceptara la Ingeniería de Valor y se ejecutara la orden de Modificación en beneficio del contratista.
Es importante mencionar que, el monto inicial de la licitación fue de aproximadamente $40 millones de dólares y el monto con la con la Ingeniería se varió aproximadamente en 4 millones.
Es por esto que hoy al ser las 6 de la mañana agentes judiciales ejecutan estos 21 allanamientos con el objetivo de detener a estos cuatro masculinos en los sectores de Curridabat y Pavas en San José, Oreamuno en Cartago y Santa Barbara en Heredia y decomisar evidencia de relevancia para la investigación.
Finalmente, los detenidos quedarán con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.
