Medida busca esclarecer posible entrega de dádivas durante ejecución de obra en el aeropuerto Daniel Oduber
El Juzgado Penal que emitió las órdenes de allanamiento por el caso conocido como “Pista Oscura” también dio luz verde al levantamiento del secreto bancario de varios funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y el actual presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado.
La resolución fue adoptada tras una solicitud del Ministerio Público, que busca establecer si existió el pago de dádivas a funcionarios involucrados en la rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, según detalló el medio Telenoticias
El juzgado argumentó que la petición fiscal se ajusta a los requisitos procesales y resulta clave para el avance de la investigación. En el documento judicial, al que tuvo acceso Telenoticias, se señala que es necesario conocer los productos financieros de los imputados con el fin de realizar un análisis socioeconómico y determinar si hubo enriquecimiento injustificado vinculado a la posible recepción de beneficios ilegales.
Además, la decisión judicial menciona que la medida se sustenta en el interés público y en la necesidad de proteger los recursos del Estado costarricense.
“La investigación pretende esclarecer si los imputados aprovecharon su posición para influir, presuntamente de manera indebida, en la inclusión del proyecto dentro de un decreto de emergencia y en el proceso licitatorio, así como en las decisiones tomadas por la Unidad Ejecutora del proyecto”, indica el fallo. Según el juzgado, esto habría resultado en modificaciones al contrato original que beneficiaron a la empresa MECO S.A., sin mejoras comprobables en la obra ejecutada.
La orden de levantamiento de secreto bancario se extiende también a otras personas físicas y a dos empresas del sector construcción, cuyas identidades no fueron reveladas en la resolución judicial.
El fondo de la investigación gira en torno a la legalidad de incluir el proyecto de la pista en un decreto de emergencia, a pesar de que los daños no estarían vinculados directamente con los eventos climatológicos que motivaron dicho decreto. La Fiscalía también indaga si se alteró el contrato para mantener el monto pactado originalmente, pero ejecutando menos obras de las inicialmente previstas.
