Costa Rica reforma su Constitución: Extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo ya es ley
San José, 16 de mayo de 2025 – En una histórica y unánime votación, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Constitución Política que habilita la extradición de ciudadanos costarricenses, ya sea por nacimiento o naturalización, cuando sean requeridos por delitos de narcotráfico o terrorismo.
Con el voto favorable de los 45 diputados presentes en el plenario, se cierra así un vacío legal que durante años fue aprovechado por criminales internacionales para evadir la justicia, casándose con costarricenses o adquiriendo la nacionalidad, y así evitar su entrega a tribunales extranjeros.
Esta reforma fue una prioridad del presidente Rodrigo Chaves, quien solicitó al Congreso actuar con celeridad ante el aumento del crimen organizado con conexiones internacionales.
“Hoy Costa Rica da un paso firme contra la impunidad. Esta reforma fortalece el Estado de derecho y envía un mensaje claro: nuestra nacionalidad no será refugio para el crimen”, señaló uno de los legisladores durante la sesión.
Consenso político sin precedentes
El cambio constitucional fue impulsado inicialmente por la diputada Pilar Cisneros, del oficialismo, y logró unir a todas las bancadas políticas, desde el Partido Liberación Nacional (PLN) hasta el Frente Amplio (FA) y diputados independientes.
El amplio respaldo se consolidó tras múltiples consultas a expertos en derecho penal e internacional, quienes advirtieron que la normativa vigente era obsoleta ante las dinámicas del crimen organizado transnacional.
Límites y garantías
Los diputados recalcaron que la reforma no autoriza extradiciones indiscriminadas, ya que solo aplicará en casos relacionados con terrorismo y narcotráfico, y únicamente cuando los tribunales nacionales hayan dado luz verde al proceso.
Esto garantiza que cualquier solicitud de extradición respete el debido proceso y los derechos fundamentales de la persona solicitada.
Con esta reforma, Costa Rica se alinea con estándares internacionales en materia de cooperación judicial y refuerza su lucha contra las redes criminales que operan más allá de las fronteras.
