Costa Rica bajo lupa internacional por vulnerabilidad al lavado de dinero
El más reciente Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos vuelve a encender las alarmas sobre Costa Rica. Según el documento, el país continúa siendo un blanco atractivo para el lavado de activos, una situación potenciada por el avance del narcotráfico y el crimen organizado.
Aunque no figura como un centro financiero relevante a nivel regional, el informe advierte que las debilidades estructurales y operativas del país permiten la circulación de fondos ilícitos con relativa facilidad. El documento, entregado al Congreso estadounidense como parte de sus esfuerzos globales contra delitos financieros, expone varias preocupaciones específicas.
Ocho sectores con alta exposición
El análisis señala que al menos ocho sectores comerciales en Costa Rica presentan una alta vulnerabilidad al blanqueo de capitales. Entre ellos destacan la construcción, el mercado inmobiliario, la compraventa de vehículos, el cambio de divisas, la hotelería, los juegos de azar, las apuestas deportivas legales y el tráfico de oro.
Actividades como los casinos y las apuestas en línea operan muchas veces sin una fiscalización adecuada, lo que las convierte en canales potenciales para ingresar dinero de origen criminal al sistema económico.
Crucitas: minería ilegal y lavado
Uno de los focos más críticos es Crucitas, en la Zona Norte, donde la minería ilegal de oro no solo provoca estragos ecológicos, sino que también es utilizada como mecanismo para legalizar dinero proveniente del crimen organizado.
El informe también vincula otros delitos ambientales con el lavado de activos, como el tráfico de especies silvestres, la tala ilegal y la pesca no regulada, ampliando el mapa de riesgos más allá del ámbito financiero.
Fronteras y aeropuertos: rutas sensibles
El flujo de divisas no declaradas a través de fronteras sigue siendo otro punto crítico. Entre enero y octubre de 2024, las autoridades costarricenses decomisaron $1.2 millones en efectivo en aeropuertos y puntos fronterizos, en acciones coordinadas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), especialmente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Reforma legal estancada
Un obstáculo importante identificado por el informe es la falta de una legislación robusta sobre extinción de dominio. Si bien Costa Rica aplica la figura de “capitales emergentes” para incautar bienes cuyo origen no puede justificarse legalmente, los resultados siguen siendo limitados.
Durante 2024, la Fiscalía tramitó 164 nuevos casos bajo esta figura, con solo 12 condenas logradas y $83.8 millones recuperados. Sin embargo, apenas en 8 casos se logró el decomiso efectivo de bienes, lo que evidencia un margen de éxito reducido.
Aunque la Sala Constitucional ya avaló una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754), la iniciativa continúa paralizada en la Asamblea Legislativa ante la falta de consenso político.
Avances con retos pendientes
En cuanto a la inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió en 2024 un total de 524 reportes de operaciones sospechosas, equivalentes a más de $384 millones. De estos, 102 expedientes fueron enviados al Ministerio Público.
Gracias a la detección oportuna, se logró el congelamiento de activos por un valor de $7.4 millones. No obstante, el uso creciente de monedas virtuales y la ausencia de una regulación específica en este ámbito representan un nuevo desafío para las autoridades.
Supervisión financiera y legislación en espera
En términos regulatorios, el informe reconoce los esfuerzos de Costa Rica por fortalecer la supervisión financiera. La SUGEF supervisa actualmente más de 5.200 entidades, y ha comenzado a aplicar medidas más rigurosas, incluyendo la negativa de servicios financieros a quienes incumplen con los requisitos establecidos.
Pese a estos avances, el informe subraya la necesidad urgente de aprobar varios proyectos legislativos clave:
- Proyecto 23.415, que regula el mercado de criptoactivos.
- Proyecto 9.416, enfocado en la lucha contra el fraude fiscal.
- Proyecto 22.552, que busca endurecer las penas por lavado de dinero.
La aprobación de estas iniciativas podría marcar una diferencia significativa en la capacidad del país para prevenir, detectar y sancionar eficazmente el lavado de activos, una amenaza que, según el informe, sigue estando muy presente en Costa Rica.
