Una alarmante conexión entre el narcotráfico y la destrucción ambiental quedó en evidencia este jueves durante una comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
El abogado y especialista ambiental Bernardo Aguilar González advirtió que entre un 30% y un 60% de la deforestación registrada dentro de áreas protegidas en Centroamérica podría estar vinculada directamente con actividades del narcotráfico.
Según Aguilar, el impacto económico de esta pérdida ambiental se estima en más de $214 millones, y Costa Rica no escapa a esta tendencia. Las zonas más afectadas en el país, según el experto, se ubican en el Pacífico Sur, donde destacan punta Burica y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe como puntos críticos de operación del crimen organizado.
Rutas de la droga dejan huella ambiental
Aguilar forma parte del grupo de investigación Landscapes in Transformation in Central America (Litca), con sede en la Universidad Estatal de Ohio. Tras más de una década de estudios regionales, la agrupación ha evidenciado cómo los corredores ecológicos son aprovechados para el transporte, almacenamiento y operación logística del narcotráfico, en especial a través de rutas marítimas.
“El término narco deforestación fue acuñado en 2014 para describir cómo el tráfico de drogas impulsa la pérdida de bosques. Sin embargo, hoy hablamos de narco degradación, porque el daño no se limita al derribo de árboles: también hay contaminación de ríos por minería ilegal, tráfico de personas, presión sobre manglares y deterioro de humedales”, explicó Aguilar.
Costa Rica: entre esfuerzos aislados y vacíos institucionales
Durante la sesión, la diputada Gloria Navas solicitó identificar los sitios que requieren mayor vigilancia. Aguilar señaló que los datos muestran un patrón recurrente en el Área de Conservación Osa (ACOSA), donde los impactos ambientales y delictivos convergen. “Los impactos están ocurriendo, sobre todo, desde el mar, y no están siendo contenidos”, subrayó.
Consultado por la diputada Priscilla Vindas sobre la articulación entre el Ministerio de Seguridad y el SINAC, Aguilar compartió los resultados del proyecto Pegaso, financiado por la Universidad Estatal de Colorado. Este reveló que existe conciencia institucional sobre el problema, pero también que los esfuerzos de coordinación siguen siendo incipientes y fragmentados.
Incluso relató conversaciones con autoridades del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), quienes reconocieron intentos de articulación con la Policía de Fronteras. Sin embargo, señaló que la falta de integración entre planificación, presupuesto y operatividad limita el alcance de estas acciones.
Gobernanza centralizada: un obstáculo
Aguilar concluyó con una fuerte crítica a la centralización del manejo de las áreas protegidas:
“No podemos tener un SINAC debilitado, con decisiones tomadas en San José y una desconexión con el tejido social y ecológico de las regiones más vulnerables. La lucha contra el narcotráfico ambiental requiere presencia real en el territorio, conocimiento profundo de las comunidades y de su biodiversidad”.
Por Semanario Universidad
