Acción del Consejo de Gobierno genera incertidumbre legal y críticas por aparente espectáculo político
El futuro de la polémica decisión del Consejo de Gobierno, que el pasado 28 de mayo destituyó a siete miembros de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), ahora depende del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, detalla el medio “Puro Periodismo”.
Cuatro de los exdirectores —Ruth Belarmina Alfaro, Montserrat del Carmen Buján, Marcela Alpízar Chacón y José Bernal Alvarado— presentaron un recurso ante dicho tribunal para impugnar la medida, al considerar que fue tomada de forma abrupta y sin el debido proceso. Como parte de su solicitud, los recurrentes pidieron que se suspenda temporalmente su destitución y se les restituya en sus cargos, mientras se resuelve el fondo del asunto.
El pasado 3 de junio, el tribunal otorgó un plazo de tres días hábiles a la Procuraduría General de la República, en su rol de abogado del Estado, para justificar los fundamentos legales que respaldan la acción del Ejecutivo. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la posición oficial de la Procuraduría.
Críticas a la forma de actuar del Ejecutivo
El economista José Luis Arce, director de Análisis y Estrategia de la firma FCS Capital, cuestionó enérgicamente el procedimiento seguido por el Ejecutivo. En entrevista concedida el 4 de junio, describió el anuncio de la destitución y nombramientos como un “grotesco espectáculo político”, criticando la teatralidad con que se dio a conocer la decisión desde Casa Presidencial.
“Cuando un órgano directivo de una institución pública comete un error, existen mecanismos institucionales para transparentar, corregir y sancionar. Pero aquí lo que vimos fue una puesta en escena que deja muchas dudas”, afirmó Arce.
El economista también advirtió que este tipo de acciones socavan la confianza pública en las instituciones y atentan contra los principios de autonomía y gobernanza. En su análisis, señaló que el Ejecutivo habría actuado más por interés político que por razones objetivas y legales.
“Las juntas directivas de los bancos estatales no otorgan créditos. Hay estructuras administrativas definidas para eso. Sugerir lo contrario, sin pruebas claras, solo sirve para erosionar la legitimidad del órgano directivo y sembrar desconfianza en la ciudadanía”, sostuvo Arce, aludiendo a la referencia de un supuesto crédito mencionada como parte de la justificación del Gobierno.
Una decisión que podría sentar precedentes
La resolución que adopte el Tribunal Contencioso será clave no solo para determinar el destino de los directivos destituidos, sino también para establecer límites claros sobre la intervención del Poder Ejecutivo en órganos directivos de instituciones autónomas.
“Este tipo de intervenciones, más allá de su legalidad, deben analizarse en función de cómo se comunican y del mensaje que envían al país sobre el respeto al orden institucional”, concluyó Arce.
Mientras tanto, la medida sigue siendo objeto de controversia, y el país espera el pronunciamiento judicial que podría reconfigurar el panorama de la gobernanza bancaria estatal.
