OIJ pone la lupa sobre las subastas ganaderas por presunto lavado de dinero y tráfico ilegal de animales

– Lo que por años ha sido una práctica tradicional del sector agropecuario costarricense, hoy está bajo el escrutinio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las subastas ganaderas se han convertido en el foco de una nueva investigación por su posible vinculación con redes criminales dedicadas al lavado de dinero y tráfico ilegal de animales, según confirmó el director del OIJ, Randall Zúñiga.

La alerta surgió tras el desmantelamiento de una organización criminal liderada por los hermanos costarricenses Álvarez Alfaro y un ciudadano guatemalteco, Melgar Sandoval, quien operaba desde Pijije de Guanacaste. De acuerdo con la investigación, los sospechosos realizaron millonarias transacciones con ganado fuera del sistema bancario, valiéndose de subastas rurales y ventas en efectivo para legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas.

“Nos urge ver cómo regulamos la venta de ganado. Ya son varios los casos donde se transan reces en efectivo. Esto permite que digan, por ejemplo, que vendieron por ¢50 millones cuando en realidad fueron ¢2 o ¢3 millones”, advirtió Zúñiga, en referencia a las prácticas de sobrevaloración de animales como método para ocultar el origen del dinero.

La Corporación Ganadera (Corfoga), manifestó la disposición del gremio para colaborar con las autoridades y revisar la normativa que regula las subastas.

Cabe destacar que existen brechas que podrían estar siendo aprovechadas por organizaciones criminales, sobre todo en zonas fronterizas y subastas privadas no afiliadas a cámaras formales.

El tráfico de ganado: una amenaza creciente

La investigación del OIJ también arroja luz sobre el tráfico ilegal de ganado, un problema persistente en la frontera norte con Nicaragua. Por pasos no habilitados, se movilizan bovinos, caballos y cerdos sin registros sanitarios, sin pago de impuestos y sin control veterinario.

Esta actividad representa una amenaza directa para la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la estabilidad del mercado ganadero, ya que muchos de estos animales ingresan enfermos o en condiciones deplorables. Según autoridades, este tráfico es usado también para alimentar mercados clandestinos de carne y como método para lavar dinero producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas.

Uno de los métodos más comunes de blanqueo consiste en introducir animales de procedencia ilegal en las subastas ganaderas, donde reciben documentación falsa y se venden a precios inflados para justificar ingresos no declarados. El proceso muchas veces involucra la creación de empresas fachada, manipulación de registros y uso de intermediarios para dar apariencia de legalidad.

Impacto en la economía y seguridad

El problema no solo es sanitario o fiscal: el lavado de dinero mediante actividades agropecuarias tiene efectos colaterales que afectan la economía local, debilitan el Estado de derecho y alimentan otras redes criminales, incluyendo el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El dinero lavado en subastas puede ser usado para financiar armas, sobornos y operaciones ilegales, perpetuando la influencia de estas estructuras en zonas rurales. Además, los productores legítimos ven afectada su competitividad al enfrentarse a una economía paralela que evade impuestos y regula precios de forma arbitraria.

El OIJ y las autoridades sanitarias piden una reforma urgente a la legislación que regula las subastas ganaderas, incluyendo:

  • Restricción absoluta del uso de efectivo en grandes transacciones.
  • Rastreabilidad electrónica obligatoria para cada animal.
  • Cruce de información tributaria y sanitaria en tiempo real.
  • Supervisión estricta a través de plataformas digitales y sistemas de auditoría.

Además, se proponen acciones conjuntas con Nicaragua y organismos internacionales, para fortalecer la vigilancia fronteriza y desmontar las redes que lucran con esta actividad.

Una responsabilidad compartida

La lucha contra el lavado de dinero y el tráfico ilegal de ganado no recae únicamente en las autoridades policiales. Es una responsabilidad que involucra a productores, subastadores, entidades financieras, entes regulatorios y consumidores.

En momentos donde la integridad del sistema agroalimentario está en juego, las palabras de Zúñiga resuenan con fuerza:

“La legitimación de capitales no es solo un problema de bancos o drogas. También se esconde en lo que parece inofensivo: una vaca, una puja, una factura. Ahí también se lava dinero”.

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