Zona Norte, Costa Rica – En los últimos años, el corredor fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua se ha convertido en un punto neurálgico del tráfico ilícito de personas, donde proliferan redes organizadas —denominadas “coyotes” o “talibanes”— que cobran a migrantes para cruzar fronteras irregularmente, aprovechando la fragilidad institucional y la dispersión del control estatal.
? ¿Cuánto cobran y qué incluye el servicio?
- Los “peajes caseros” en Peñas Blancas cobran ¢500 colones (menos de $1) por cargar equipaje y guiar migrantes de forma inmediata al interior del país .
- Otras redes elevan las tarifas entre $20 y $200 por persona, según la ruta y los servicios incluidos .
- Además, hay cobros extra por descanso, transporte en vehículos inadecuados, e incluso sobornos a policías o militares —subiendo el costo promedio de viaje a varios cientos o miles de dólares .
- En casos más complejos, cobra el paso de migrantes desde Suramérica hacia Estados Unidos, donde los paquetes premium “VIP” (incluyen vuelos, hoteles y documentos falsos) ascienden hasta $80,000 .
? ¿Quiénes son los coyotes y cómo operan?
- En cantones como Los Chiles, Upala y La Cruz, los coyotes operan con redes clandestinas de 51 pasos ilegales y rutas conocidas como La Trocha, El Jobo y Medio Queso .
- Actúan en coordinación con militares y policías corruptos de ambos lados, quienes reciben sobornos para permitir el paso .
- Grupos como los “Talibanes de Los Chiles” funcionan sin jerarquías claras, usando GPS, chat groups y carros sin permisos en rutas peligrosas .
- Su estructura incluye guías, choferes, operadores logísticos y puntos de apoyo donde migrantes descansan, pagan y esperan transportes irregulares .
? El fenómeno migratorio y sus consecuencias
- Miles de migrantes, provenientes de Haití, Venezuela, África y Nicaragua, cruzan la frontera cada semana, enfrentando extorsión, abandono e incluso situaciones peligrosas como accidentes o violencia .
- Transportes clandestinos han provocado muertes, como el vuelco de un bus con migrantes ecuatorianos revelado por el Servicio Jesuita para Migrantes .
- Además, se documentan prácticas graves como secuestros, violaciones y trata de personas .
?? Legislación y sanciones
- Según la Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764), el tráfico ilícito de personas puede penarse con 4 a 8 años de prisión, y entre 6 y 10 años si hay agravantes como víctimas vulnerables o participación de grupos organizados .
- Los migrantes que prestan apoyo (alojamiento, transporte) pueden enfrentar penas similares.
- A nivel penal, las leyes costarricenses contemplan entre 6 y 16 años de prisión para trata de personas con agravantes como víctimas menores .
? Estadísticas oficiales 2024–2025
- Hasta agosto de 2024, se reportaron 41 presuntos traficantes de personas detenidos en Costa Rica .
- De ellos, 25 eran costarricenses y 16 extranjeros, principalmente nicaragüenses.
- Por zonas: 24 arrestos en Los Chiles, 15 en La Cruz, y el resto en lugares como Golfito .
- En lo que va de 2025, las capturas continúan, incluyendo a taxistas y facilitadores .
? Desafíos y caminos a seguir
- El crecimiento del tráfico en Zonas con baja presencia estatal y paso por lugares remotos o inaccesibles expone falencias en vigilancia y cobertura policial .
- La complicidad de actores estatales agrava el problema, obligando a reforzar controles en 51 pasos ilegales, mejorar infraestructura y presencia institucional .
- Se requieren esfuerzos de prevención, educación y cooperación interinstitucional para desarticular bandas y proteger a las personas migrantes más vulnerables.
- Las autoridades han reforzado fuerzas especiales como la Policía de Migración y la Fiscalía dedicada al delito, así como actividades educativas de organizaciones internacionales y la OIM en comunidades de frontera .
El tráfico de personas en la frontera norte de Costa Rica ha evolucionado hacia una actividad compleja, con estructuras robustas y cobros abusivos, donde redes locales se enriquecen a costa de migrantes. Si bien la legislación contempla penalidades severas, la efectividad depende del fortalecimiento institucional, la erradicación de la corrupción y la mejora de la presencia estatal. El reto clave es unificar recursos, tecnología y voluntad política para frenar el avance de estas redes y proteger los derechos humanos.
