Redacción Noticias CR | San José, 24 de junio de 2025
El Banco de Costa Rica (BCR) confirmó que tres funcionarios suspendidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico están recibiendo nuevamente sus salarios completos, pese a no estar ejerciendo sus cargos. Se trata de gerentes de las sucursales de Pocosol y Río Cuarto, implicados en el escandaloso caso “Shark”, relacionado con el Clan del Golfo y operaciones ilegales en la Zona Norte.
Los funcionarios, identificados como Salas Sandoval, Vargas Mora y Zúñiga Brenes, fueron arrestados el 17 de septiembre de 2024 por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo la sospecha de facilitar movimientos financieros a favor de una poderosa estructura criminal liderada por el colombiano Meléndez León, señalado por la DEA como uno de los “Siete Tiburones del Pacífico”.
? De prisión a salarios reintegrados
En un inicio, los implicados fueron enviados a prisión preventiva, lo que habilitó al BCR a suspender sus salarios con base en el artículo 78 del Código de Trabajo. Sin embargo, una revisión de las medidas cautelares los dejó en libertad con otras restricciones, motivo por el cual la institución restableció los pagos mensuales, aunque siguen fuera de sus funciones mientras se desarrolla el proceso penal.
- El gerente Vargas Mora recibe actualmente 1.919.076.
- El tesorero Zúñiga Brenes cobra 1.288.074 al mes.
- Salas Sandoval, también gerente, devenga una cifra similar, aunque el monto específico no fue revelado.
En total, el Estado costarricense destina casi 5 millones de colones mensuales en salarios para tres funcionarios sin ejercer labor alguna, mientras continúan siendo investigados por graves delitos financieros relacionados con el narcotráfico.
La red criminal: iglesias, piña y testaferros
El caso “Shark” es uno de los expedientes más complejos que enfrenta el OIJ en los últimos años. La red investigada operaba en Los Chiles, Upala, Pital y zonas fronterizas, y lavaba grandes cantidades de dinero por medio de exportación de piña, templos evangélicos, negocios informales y vínculos con funcionarios bancarios.
Según las autoridades, testaferros reclutaban empleados del sector financiero para permitir movimientos de capital sin levantar alertas, vulnerando los controles contra legitimación de capitales.
El supuesto líder de la organización, Meléndez León, se habría casado con una costarricense en 2019 para adquirir la nacionalidad y evitar su extradición. Está actualmente en la lista de los 50 más buscados por la DEA y se le atribuyen conexiones con el Cartel de Sinaloa y rutas de tráfico por el Caribe.
Justicia laboral vs. interés público
En enero de 2025, el gerente Vargas Mora intentó frenar judicialmente la suspensión salarial, presentando un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Alegó que la medida afectaba su economía familiar, ya que debía cubrir alquileres, hipotecas y estudios universitarios de su hija.
Sin embargo, la jueza Alana Fonseca Lobo desestimó la solicitud, recordando que el interés general y la transparencia institucional deben primar sobre los intereses particulares.
Aun así, el reintegro del salario fue aplicado por decisión del propio Banco de Costa Rica, que indicó en un comunicado que la medida busca respetar el principio de presunción de inocencia mientras no haya una sentencia firme.
? ¿Legalidad o impunidad?
La decisión del BCR ha causado incomodidad entre sectores políticos y ciudadanos, que cuestionan si se está premiando indirectamente a funcionarios que, según la Fiscalía, facilitaron una operación criminal de alto impacto.
Para algunos, el argumento de la presunción de inocencia es válido; para otros, la gravedad de los señalamientos ameritaba medidas más firmes, incluso administrativas o disciplinarias internas.
De momento, los tres empleados siguen en condición de suspendidos con goce de salario, y el banco no ha confirmado si se abrirán procesos internos adicionales por faltas éticas o por posibles omisiones en el cumplimiento de deberes.
? ¿Y el caso judicial?
El expediente penal continúa su curso en la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, y aún no se han solicitado aperturas a juicio. Se espera que en las próximas semanas se acumulen más pruebas contra los investigados y se determine su grado de responsabilidad en el esquema de legitimación de capitales que operaba en la frontera norte.
Por ahora, Costa Rica sigue viendo cómo dinero público alimenta los bolsillos de funcionarios ligados a estructuras narco, mientras la justicia avanza, pero lentamente.
