Informe señala avances puntuales, pero subraya vacíos en planificación, protección integral y acceso a derechos básicos
Miércoles 25 de junio de 2025 — A cuatro meses de la llegada al país del grupo de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes reitera que, pese a algunos avances logrados en la atención, persisten importantes pendientes estructurales que afectan el pleno respeto de los derechos humanos de esta población vulnerable.
En un comunicado divulgado este miércoles, la institución enfatizó que la migración forzada en el contexto global actual expone a miles de personas a riesgos graves, incluidos abusos, explotación, discriminación y múltiples formas de violencia, lo que obliga a los Estados receptores a implementar respuestas coordinadas, integrales y con enfoque de derechos humanos.
Desde el inicio del proceso de deportaciones en febrero, la Defensoría ha mantenido una observación activa, formulando recomendaciones dirigidas a garantizar condiciones mínimas de dignidad, alternativas de protección internacional y libertad de tránsito para quienes no pueden retornar a sus países de origen. Aunque varias de estas propuestas fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, con el paso del tiempo han sido progresivamente incorporadas.
Entre los avances observados, se destacan:
- Instalación de sábanas divisorias en camarotes del CATEM Sur para mayor privacidad.
- Mejoras en infraestructura, incluyendo mantenimiento del sistema de agua potable y reemplazo del techo con material aislante de calor.
- Autorización para el ingreso y salida libre de las personas deportadas.
- Normalización migratoria temporal por razones humanitarias y acceso al trámite de refugio.
- Intervención del Ministerio de Educación Pública (MEP) para valorar alternativas educativas para menores de edad.
No obstante, la Defensoría subraya que estos esfuerzos, si bien valorables, no sustituyen la ausencia de una planificación interinstitucional clara ni una respuesta coordinada y constante por parte del Estado costarricense.
Principales desafíos pendientes
Entre las preocupaciones aún sin resolver, el informe resalta:
- La indefinición del destino final de personas que no pueden regresar a su país de origen, pero que no desean solicitar refugio en Costa Rica, quedando en un limbo jurídico.
- La falta de traductores para atender adecuadamente a personas deportadas con escaso dominio del español.
- La débil presencia de instituciones como el PANI e INAMU, cuya intervención ha sido esporádica y sin una estrategia preventiva frente a potenciales vulneraciones.
- La ausencia de acceso a internet mediante Wi-Fi, lo cual limita la comunicación con familiares y el acceso a información básica para la integración y defensa de sus derechos.
Finalmente, la Defensoría reconoció los esfuerzos del personal de la Policía Migratoria en brindar atención dentro de las capacidades disponibles, pero instó a las jerarquías institucionales a garantizar mayor transparencia, planificación y recursos para asegurar una atención digna, integral y sostenida para esta población.
“Las personas migrantes deportadas tienen derecho a una atención basada en principios de humanidad y legalidad. El Estado debe asumir un rol activo, no solo reactivo, frente a estas situaciones”, concluye el pronunciamiento.
