Diagnóstico de “alta credibilidad”: El médico de Gamboa también tiene cola que le pisen
Por Gerardo Quesada A. / Opinión
Al parecer, en el caso Celso Gamboa, hasta los certificados médicos vienen con olor a pólvora y polvo blanco. Porque nada dice “soy inocente” como un diagnóstico firmado por un médico… que también está siendo investigado por narcotráfico.
Sí, leyó bien. El parte médico que justificó la supuesta fragilidad de salud del exmagistrado Gamboa —ese que lo salvó del incómodo módulo de máxima seguridad en La Reforma— fue emitido por el doctor José Alejandro Cartín Ramírez, un profesional de bata blanca con expediente penal tan abultado como un maletín de dólares calientes.
Cartín, cirujano de 35 años, no es cualquier médico de clínica de barrio. No. Es uno de los imputados del caso Turesky, esa simpática red criminal que, según la Fiscalía, se dedicaba a enviar droga a Europa con más logística que una aerolínea. En otras palabras, un especialista en tráfico… pero no precisamente de pacientes.
El documento en cuestión fue entregado el 24 de junio, apenas un día después de la detención de Gamboa. En él, el doctor narra una especie de apocalipsis corporal: al exmagistrado le encontraron más enfermedades que a una enciclopedia médica. Desde dolencias oncológicas, inmunológicas, gastrointestinales hasta trastornos psiquiátricos. Básicamente, solo le faltó diagnosticarle “caspa emocional crónica”.
Pero, ¿quién es este virtuoso de la medicina judicial?
Cartín fue arrestado en mayo de 2021 durante los operativos del caso Turesky. Según la Fiscalía, su rol iba más allá del estetoscopio: era pieza clave en la logística de envío de cargamentos de droga desde Limón a Europa. Pese a esto, en un giro mágico del sistema judicial costarricense, fue liberado junto a otros 21 sospechosos en junio de 2024, bajo el argumento de que no había acusación formal. ¿Detalles? Solo una organización criminal aceitada, con dinero que fluye más rápido que los informes de la Contraloría.
La receta también incluía un hotel en Limón
Y como si fuera poco, Cartín y Gamboa no solo comparten el amor por los dictámenes salvadores. También coincidieron —¡qué casualidad!— en un millonario proyecto hotelero en Portete, Limón. Junto con el padre del médico (q.e.p.d.), se metieron de lleno en un desarrollo inmobiliario de $12 millones, respaldado por la urbanizadora Acre de Heredia. Porque nada dice “salud financiera” como una sociedad anónima en la costa Caribe.
Ese proyecto, según investigaciones judiciales, tendría vínculos con el lavado de dinero del propio cartel. ¿Otra coincidencia? El doctor Cartín fue visto ingresando a la Asamblea Legislativa en varias ocasiones, participando en reuniones con diputados. Uno de los nombres que se repite en los expedientes: el exdiputado Óscar Cascante. Si alguien aún piensa que este país no es surrealista, que revise esas grabaciones de seguridad.
¿Un “recetario” de impunidad?
El expediente del caso deja claro que Gamboa fue contratado en 2019 por la organización criminal, para poner al servicio su conocimiento del aparato judicial. “Lo bueno de Celso es que sabe quién está, quién no está, quién sirve y quién es sinvergüenza en la Corte”, dice una conversación telefónica incorporada a la causa. Tal vez olvidaron agregar: “Y también conoce un doctor que receta libertades”.
El hecho de que se utilice un informe médico de un imputado por narcotráfico para cambiar las condiciones carcelarias de otro imputado por narcotráfico parece una broma de mal gusto. Pero no lo es. Es Costa Rica, 2025.
Hoy muchos se preguntan: ¿de verdad este tipo de documentos tiene peso legal? ¿Puede alguien investigado por formar parte de una red criminal firmar certificados con total validez para beneficiar a un socio, amigo o cómplice? En este país, parece que sí. Y con membrete oficial, además.
Mientras se define si Gamboa será extraditado a Estados Unidos —donde, ojo, la DEA no juega al escondite—, la justicia nacional sigue entregándonos giros de novela que ni Netflix se atrevería a producir por miedo a que nadie lo creyera.
Pero aquí estamos. Viendo cómo un imputado por narcotráfico certifica la salud de otro. En Costa Rica, donde la justicia tiene doctor, y parece que también receta impunidad.
