Por Gerardo Quesada A.
Opinión / 22 de septiembre de 2024
La Zona Norte de Costa Rica ha sido, por años, un campo fértil para las mafias del narcotráfico y el lavado de dinero. Peones que se convirtieron en magnates, transportistas que mutaron en empresarios, comerciantes de barrio que hoy manejan flotillas de camiones, fincas, ganado de exposición, caballos de paso fino y hasta equipos de fútbol. Todos conocidos por el pueblo. Todos viviendo una prosperidad que nada tiene que ver con el sudor honesto. Y lo peor: todos, en apariencia, intocables.
Pero los tiempos están cambiando. Y para muchos de estos personajes, el panorama empieza a nublarse. Ya no es solo la pasividad de nuestras autoridades lo que los mantiene despiertos por las noches, sino la sombra de tres letras que, en el mundo del crimen organizado, infunden verdadero temor: DEA.
La reciente detención de once personas vinculadas con lavado de dinero y narcotráfico internacional —nueve de ellas enviadas a prisión preventiva— no es un hecho menor. Es un golpe certero, necesario, y largamente esperado contra una estructura criminal que lleva décadas infiltrando nuestras comunidades, nuestras instituciones e incluso nuestras celebraciones.
Porque sí, todos en la región sabemos quiénes son. Los hemos visto en los topes, en las fiestas patronales, cortando cintas de eventos públicos, codeándose con políticos, con pastores, con funcionarios municipales. Han sido retratados como “empresarios exitosos” cuando en realidad representan la degradación ética más escandalosa de nuestro entorno social. Se han comprado respeto con dinero sucio y han sido idolatrados por una parte de la sociedad que ha normalizado la ostentación sin origen claro.
Pero el giro ha comenzado.
La extradición de personajes de alto perfil, como el exmagistrado Celso Gamboa, ha encendido las alarmas entre los narcolavadores que por años pensaron que la justicia costarricense era sinónimo de impunidad. Ahora, con una ley de extradición que pone la lupa directamente sobre sus actividades, saben que no están tan protegidos como antes. Las reglas del juego cambiaron. Y esta vez, parece que los dados no están cargados a su favor.
Hay quienes caminan por nuestras calles creyéndose invulnerables, convencidos de que su dinero comprará siempre silencio, aplausos y favores. Pero cada nuevo operativo, cada nueva investigación, cada nombre que trasciende, les recuerda que su mundo se tambalea.
El pueblo también empieza a despertar. Porque detrás de cada “emprendedor” que lava dinero, hay comunidades enteras contaminadas por la droga, por la violencia, por la corrupción. Hay jóvenes que creen que el éxito está en el dinero rápido, sin importar su origen. Hay padres que tienen que explicar por qué el vecino que ayer andaba a pie hoy tiene una Hilux, una finca, y patrocina un torneo.
Por eso este momento es histórico. Porque la lucha no es solo contra el narcotráfico o el lavado. Es contra una cultura que normalizó lo anormal. Contra una red de complicidades que va desde el gobierno local hasta instituciones nacionales, pasando por iglesias, empresas y hasta equipos de fútbol.
Los nombres que todos conocemos —los que suenan en las esquinas, en los pasillos municipales y en las graderías de los estadios— podrían tener los días contados. Ya no se trata de rumores. Se trata de investigaciones concretas, de acusaciones formales, de cooperación internacional. Se trata de que, por fin, alguien les está pisando los talones.
El show apenas empieza. Y aunque esto sea solo una gota en un mar de delincuencia estructurada, es una gota que marca un cambio. Que abre una rendija de esperanza para quienes aún creemos en la justicia. Que manda un mensaje claro: los tiempos de la impunidad se están acabando.
