La madrugada del desalojo en Chorreras de Cutris dejó algo más que casas derribadas: dejó a decenas de familias con el corazón roto y sin un lugar a dónde ir. Entre ellas está don Eduín Rojas, vecino de la comunidad por décadas, quien aún no encuentra palabras para describir la forma en que —según relata— fueron expulsados de sus propios hogares.
“Nos desalojaron como si fuéramos perros”, lamenta con la voz quebrada. “Son muchos años de tener estas tierras y nos echan como animales”. A su alrededor, lo que antes fue su casa ahora es un montón de zinc doblado, madera destrozada y recuerdos tirados al suelo.
Don Eduín recuerda cómo su familia levantó todo “a punta de sacrificio”, trabajando la tierra, criando hijos y construyendo una vida en un poblado que, pese a la narrativa oficial, tiene más de 49 años de existir y es hogar de generaciones de sancarleños trabajadores.
“Fueron años y años de mucho sacrificio y ahora nos dicen que tenemos que abandonar todo”, agrega. Sus manos tiemblan al señalar el terreno donde estuvo su casa. En sus ojos hay rabia, miedo… y un dolor que no se disimula.
“¿Ahora qué vamos a hacer?”, se pregunta. No tiene respuesta. Su familia tampoco. Las autoridades llegaron, ejecutaron la orden y se marcharon. Nadie les explicó adónde ir, quién los ayudará o qué pasará con ellos mañana.
Entre los vecinos se escuchan sollozos reprimidos. La sensación de abandono es total.
“En momentos así, se vale llorar”, dice don Eduín, mientras intenta recoger lo poco que quedó en pie.
El desalojo de Chorreras no solo removió estructuras: removió la dignidad de una comunidad que hoy siente que el Gobierno la trató como un estorbo, no como un grupo de ciudadanos con derechos, historia y raíces profundas en la zona norte.
