El oro de Crucitas no solo brilla en la tierra: también encandila a políticos, oportunistas, tagarotes y hasta ciertos ambientalistas que, disfrazados de defensores del bien común, buscan llevar agua a su propio molino. Cada cierto tiempo, cuando conviene, Crucitas vuelve al discurso público como arma electoral, como excusa, como bandera política o como trinchera moral. Lo que jamás aparece en primer plano es la tragedia humana, el abandono histórico y la realidad de los pobladores que sí viven y sufren en carne propia el caos desatado por las mafias del oro.
Durante años, los habitantes de Cutris —los verdaderos sancarleños de esta zona fronteriza— han sido olvidados por el Estado. Las mafias, los coligalleros y la explotación ilegal no surgieron en el vacío: nacieron y crecieron a la sombra de una vigilancia estatal incapaz, ausente e indolente. El gobierno, uno tras otro, ha sido totalmente incompetente para blindar la frontera, detener la invasión de coligalleros nicaragüenses e impedir la operación de grupos criminales que se enriquecen con toneladas de oro que literalmente se van por las narices de la Policía.
La narrativa oficial: culpar al que menos poder tiene
En esa incapacidad, el Estado encontró una salida fácil: culpar a los mismos pobladores. La reciente demolición en Chorreras es un ejemplo grotesco. Se intentó vender la idea de que está comunidad sancarleña —con más de 40 años de fundada -era un “refugio de delincuentes”, una especie de base clandestina de coligalleros nicaragüenses. Absolutamente falso.
Chorreras tenía escuela, tenía familias establecidas, tenía inversión estatal realizada por los mismos gobiernos que hoy lo señalan. Es una comunidad costarricense, pobre sí, olvidada también, pero jamás una guarida criminal. Sin embargo, es más fácil demoler casas de ticos sin recursos que enfrentar a las mafias que controlan la extracción ilegal. Es más fácil condenar a los que no tienen voz que asumir la responsabilidad política del abandono.
Muerte, mafias y corrupción: el precio humano del oro
La operación de los grupos criminales en Crucitas no es una teoría: es una realidad histórica documentada. La zona se llenó de campamentos improvisados, redes de trata, explotación laboral y tráfico de combustible y mercurio. Todo esto ha dejado un rastro de violencia, heridas y muerte. En varios incidentes, coligalleros han sido asesinados en disputas por yacimientos, ajustes de cuentas o en enfrentamientos con otras bandas. Las autoridades, una y otra vez, llegan tarde o simplemente no llegan.
Mientras tanto, el oro fluye: toneladas que van a parar a manos de estructuras criminales que operan con logística, transporte, financiamiento y protección. Mafias que funcionan porque no hay vigilancia estatal, porque la frontera está abierta como una puerta sin bisagras y porque la corrupción permite que la actividad siga viva, próspera y sin freno.
Contaminación, ríos envenenados y daños irreversibles
A este caos se suma la destrucción ambiental. El uso de mercurio en la extracción ilegal ha contaminado ríos como el San Juan y cuerpos de agua menores en Cutris y Pocosol. Pescadores han reportado peces muertos, animales intoxicados y cambios en la calidad del agua. El daño al bosque es devastador: hectáreas arrasadas, madrigueras destruidas, suelos erosionados y fauna desplazada o muerta.
Y lo más doloroso: comunidades de la zona han tenido que consumir agua de fuentes altamente comprometidas mientras el Estado mira para otro lado. La salud de las familias está en riesgo, especialmente de niños que han crecido rodeados de contaminación, ruido, violencia y ausencia absoluta del Estado.
Crucitas: la bola política de siempre
Cada año, o cada campaña electoral, Crucitas resucita. Los discursos se repiten: minería sí, minería no; subasta sí, subasta no; reactivación económica versus protección ambiental. Todo sirve para pelear, para ganar simpatías, para dividir al país y para sacar votos.
Pero mientras tanto, la realidad en el terreno sigue igual o peor:
- las mafias continúan operando;
- el oro sigue saliendo ilegalmente;
- los pobladores siguen abandonados;
- el ambiente sigue devastado;
- el Estado sigue sin controlar la frontera.
Crucitas no es un tema ambiental ni minero ni político: es un síntoma de un país incapaz de poner orden donde debería y demasiado cómodo castigando a los que menos poder tienen.
Mientras políticos, ambientalistas de ocasión y oportunistas se pelean frente a cámaras por el “futuro de Crucitas”, la gente de Cutris, Chorreras y alrededores sigue viviendo en un territorio donde reina la ilegalidad, donde el agua está contaminada, donde las mafias mandan y donde el abandono estatal ha permitido la muerte, la destrucción y el desplome ambiental.
Crucitas no necesita discursos: necesita Estado, presencia, vigilancia, justicia y respeto por las comunidades que llevan décadas pagando los platos rotos de las decisiones —y omisiones— de otros.
