Demuelen Chorreras pero queda sin seguridad a merced del ingreso de indocumentados

El regidor sancarleño Juan Pablo Rodríguez lanzó una fuerte advertencia sobre la situación en la franja fronteriza de Chorreras, luego del desalojo de 73 familias ejecutado el martes 25. Según afirma, la comunidad quedó “a la deriva” y sin presencia policial, justo en un punto históricamente vulnerable para el tránsito irregular de personas y para actividades ligadas a la extracción ilegal de oro.

Las familias removidas habían vivido por años en ese pequeño caserío a orillas del Río San Juan. El proceso se ejecutó por orden judicial, tras una denuncia del Minae por supuesto daño ambiental dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Sin embargo, Rodríguez cuestiona que la intervención se hiciera sin un estudio serio que evaluara tanto el impacto real de las familias como las consecuencias ambientales y sociales de arrasar el asentamiento con maquinaria.

El regidor recordó además que el Gobierno de Rodrigo Chaves había prometido en 2023 buscar una regularización para estas familias, promesa que, a su juicio, quedó enterrada junto con las viviendas demolidas.

Rodríguez plantea una inquietud mayor: ¿quién vigila ahora ese extenso tramo fronterizo?

“Las fronteras en el mundo se mantienen pobladas porque ningún Estado tiene la capacidad de vigilarlas solas. Entre Boca San Carlos y Mojondoza hay cerca de 66 kilómetros. Sin gente y sin policías, es imposible resguardarla”, advirtió.

A esto se suma un elemento geopolítico: mientras Chorreras quedó vacío del lado tico, al otro lado del San Juan se encuentra la Reserva Biológica Indio Maíz, en territorio nicaragüense, una zona donde históricamente ha habido explotación de oro. Para Rodríguez, dejar Chorreras deshabitado abre la puerta para que grupos que operan en Indio Maíz crucen hacia Costa Rica sin ningún impedimento y se instalen en el área, o utilicen la ruta para desplazarse hacia Crucitas, otro foco caliente de minería ilegal.

“Nos informan que después del desalojo no ha habido ningún control. Si no hay presencia permanente de policías, es obvio que alguien va a ocupar ese espacio nuevamente”, recalcó.

El regidor insistió en que Chorreras nunca fue un punto de extracción de oro, sino un corredor natural entre dos zonas donde sí se da esa actividad. “Es una comunidad de paso, un punto estratégico entre Indio Maíz y Crucitas; por eso mismo debió manejarse con más responsabilidad”, concluyó.

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