Pese a que ofreció concesiones de arriendo en la milla fronteriza no cumplió , más bien apoyó la demolición de Chorreras a cuyas familias con más de 40 años de estar en el lugar las trató de delincuentes
El presidente Rodrigo Chaves volvió a jugar con las expectativas de cientos de familias en la Zona Norte. En México de Upala en noviembre del 2023 prometió lo que llamó “papeles equivalentes a escrituras” para quienes habitan dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. Pero la realidad es otra: ni son escrituras, ni existen todavía, ni está claro que lleguen a existir.
El Gobierno anunció que en agosto de 2024 presentará un proyecto de ley para desafectar parte de un área protegida y así entregar concesiones, no propiedad real, a quienes han vivido durante décadas en esa franja. Una promesa en futuro que hoy no pasa de ser un anuncio más.
Pese a eso, Chaves llegó a la comunidad asegurando que el trámite está listo, que el dinero existe y que solo falta que la Asamblea apruebe la ley. “Es un papel, no es escritura”, admitió él mismo, aunque minutos antes había elevado la expectativa de que ese documento les daría acceso a créditos, servicios y vivienda.
Lo que no dijo es que esas tierras son estatales por ley, que forman parte de un refugio de vida silvestre, y que solo un proceso legislativo complejo y lleno de estudios ambientales podría modificar su estatus. Nada está garantizado.
Aun así, el mandatario arremetió contra decisiones tomadas hace décadas y prometió que su Gobierno “acabó con el humo”. Pero su anuncio parece exactamente eso: humo. Un plan que tardaría al menos dos años, que depende de estudios que aún no existen y que ni siquiera asegura que la desafectación ambiental proceda.
El Gobierno habla de 543 hectáreas que podrían entregarse bajo concesiones y promete que 45 comunidades —unas 22.000 personas— serían beneficiadas. Pero hoy no hay ni un solo estudio ambiental concluido, ni un solo predio definido, ni un solo contrato de concesión listo para firmar.
Chaves llegó a la frontera a inaugurar un salón comunal y salió inaugurando ilusiones. Prometió “papeles” que todavía no existen, habló de compensaciones ambientales aún sin sustento técnico y vendió la idea de seguridad jurídica donde ni siquiera hay claridad legal.
Porque mientras Chaves sonríe y ofrece concesiones futuras, 73 familias de Chorreras, en Cutris de San Carlos, fueron desalojadas y tratadas como delincuentes, a pesar de llevar más de 40 años viviendo en la misma franja fronteriza que ahora el Gobierno dice querer “regularizar”.
En aquel operativo, ejecutado con un despliegue policial digno de una redada criminal, adultos mayores, mujeres y niños fueron sacados a la fuerza, como si cuatro décadas de arraigo no valieran nada. La Fiscalía y el propio Estado los persiguieron sin presentar estudios agrarios del Inder, sin informes del Minae, sin criterio de Setena y sin verificar la historia rural de la comunidad.
Esa es la verdadera cara de la “seguridad jurídica” que hoy promete el Ejecutivo.
La milla fronteriza sigue igual:
familias esperando, instituciones sin estudios y un presidente que, una vez más, promete a futuro lo que no puede entregar en presente.
