Costa Rica podría experimentar un cambio drástico en sus condiciones climáticas en las próximas décadas. Así lo advierte el más reciente informe del Programa Estado de la Nación, el cual señala que, debido al avance del cambio climático, el país dejaría de ser tan húmedo como lo es actualmente hacia finales del siglo XXI.
De acuerdo con las proyecciones, se prevé una disminución considerable en la humedad del suelo en amplias zonas del territorio nacional. Este fenómeno provocaría que la cantidad de cantones clasificados hoy como muy húmedos se reduzca casi a la mitad, mientras que otros territorios comenzarían a enfrentar condiciones secas por primera vez en su historia reciente.
Uno de los escenarios más preocupantes se proyecta para la provincia de Guanacaste, donde algunas áreas podrían evolucionar hacia condiciones de aridez permanente. Este cambio tendría efectos directos en múltiples sectores clave, como la producción agrícola, la economía local, la disponibilidad de agua potable, el turismo y la estabilidad de los ecosistemas.
Especialistas advierten que la disminución en la humedad del suelo afectaría la capacidad de cultivo, incrementaría la vulnerabilidad ante sequías prolongadas y podría generar presión sobre los recursos hídricos, tanto para consumo humano como para actividades productivas.
Aunque Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por sus políticas ambientales y cuenta con estrategias bien estructuradas para enfrentar el cambio climático, el informe destaca una debilidad crítica: la falta de articulación entre estos planes y el presupuesto público. Es decir, muchas de las acciones propuestas no cuentan con el financiamiento necesario para ejecutarse de forma efectiva.
Este hallazgo pone en evidencia la necesidad urgente de alinear la planificación climática con la inversión estatal, con el fin de fortalecer la resiliencia del país ante los impactos que ya comienzan a manifestarse.
El informe concluye que, sin medidas concretas y sostenidas, Costa Rica podría enfrentar transformaciones profundas en su clima y en su modelo de desarrollo, lo que obligaría a replantear prácticas productivas, políticas públicas y estrategias de adaptación en las próximas décadas.
