Costa Rica anunció que dejará de tener una participación activa dentro del Core Group LGBTI+ de la Organización de Estados Americanos (OEA), al considerar que en el ámbito nacional ya se han alcanzado niveles suficientes de protección para los derechos de estas poblaciones.
La decisión fue comunicada por la embajadora costarricense Alejandra Solano ante el Consejo Permanente del organismo hemisférico. Según trascendió, la medida responde a un ajuste en las prioridades de la política exterior del país. Posteriormente, el canciller Arnoldo André confirmó la información y explicó que el enfoque diplomático se orientará hacia asuntos que el Gobierno considera más urgentes en el contexto regional.
“Creemos que los esfuerzos diplomáticos deben concentrarse en los temas actuales y de mayor prioridad, por lo que se optó por no continuar participando activamente en este grupo”, indicó el jerarca.
El Core Group LGBTI+, conocido también como Grupo Núcleo LGBTI+, funciona como un espacio de articulación entre países miembros de la OEA que impulsan acciones conjuntas, pronunciamientos y gestiones diplomáticas para la defensa de los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el continente.
Aunque no es un órgano formal de la OEA, este grupo opera de manera coordinada dentro del Consejo Permanente y la Asamblea General. Fue establecido en 2016 por países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay, y con el tiempo sumó a otras naciones, entre ellas Costa Rica.
Su labor se complementa con la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia encargada de dar seguimiento a la situación de estas poblaciones en la región.
La salida de Costa Rica ocurre en medio de un panorama regional marcado por diferencias en torno a este tipo de iniciativas. A finales de marzo, durante una sesión del Consejo Permanente, países como Chile y Ecuador optaron por abstenerse de respaldar una declaración impulsada por el grupo, evidenciando posturas diversas dentro del organismo.
En el caso costarricense, la decisión también se interpreta dentro de un viraje en la línea política del país, asociado a posiciones más conservadoras durante la actual administración y de cara al próximo gobierno.
Cabe recordar que Costa Rica aprobó el matrimonio igualitario en 2020 y cuenta con normativa que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, tanto en el ámbito laboral como en el sector público.
