La constructora costarricense Constructora Meco continúa figurando entre las principales adjudicatarias de obra pública en Panamá, pese a los antecedentes por su participación en el escándalo de sobornos del Caso Blue Apple, según un amplio informe del diario La Prensa.
Contratos millonarios siguen fluyendo
Actualmente, Meco ejecuta la ampliación del Corredor de las Playas, un megaproyecto valorado en 228,4 millones de dólares que se ha convertido en una de las principales obras de infraestructura en desarrollo en ese país. Solo esta iniciativa concentra una parte significativa de las adjudicaciones recientes otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP).
Además, el informe revela que en 2025 la empresa fue beneficiada con 17 contratos directos adjudicados en apenas dos días —11 y 12 de febrero— por un monto total de 10,6 millones de dólares. Estas contrataciones se realizaron bajo la figura de “emergencia ambiental”, un mecanismo que permite agilizar procesos pero que también ha sido cuestionado por su falta de controles rigurosos.
Un historial marcado por confesiones
El vínculo de Meco con el caso Blue Apple es significativo. Su propietario, Carlos Cerdas, admitió ante la fiscalía anticorrupción el pago de aproximadamente 9,4 millones de dólares en sobornos durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
De acuerdo con las investigaciones, estos pagos se realizaban a través de la sociedad Blue Apple Services, Inc., y correspondían a comisiones de entre el 5% y el 10% del valor de los contratos, bajo el concepto de “ayuda política”, con el objetivo de agilizar trámites y desembolsos.
Como parte de un acuerdo de colaboración firmado en 2017, Cerdas evitó cargos penales en Panamá, a cambio de brindar información clave sobre el funcionamiento de la red de corrupción.
Contraste con Costa Rica
El caso de Meco también tiene ramificaciones en Costa Rica. En 2021, Cerdas fue detenido en el marco del Caso Cochinilla, que investiga presuntos sobornos en contratos viales. En ese proceso, el empresario debió pagar una fianza cercana a los 5 millones de dólares y cumplir medidas cautelares como el uso de tobillera electrónica.
A diferencia de Panamá, donde la empresa mantiene operaciones activas y contratos millonarios, el proceso judicial en Costa Rica continúa en trámite sin una resolución definitiva.
Un patrón que se repite
El informe también detalla que otras constructoras implicadas en el mismo esquema continúan operando con normalidad:
- Bagatrac acumuló 42,8 millones de dólares en contratos con el MOP en 2025, parte de ellos adjudicados de forma directa. Su presidente, Alberto Jurado, confesó pagos ilícitos cercanos a los 3 millones de dólares y, aun así, mantiene carrera política activa.
- Constructora Rodsa recibió contratos por más de 12 millones de dólares para obras hidráulicas, además de otros montos menores bajo el mismo esquema de excepción. Su presidente, Juan Alexis Rodríguez, también admitió pagos dentro de la red.
- Ingeniería REC obtuvo recientemente un contrato por 14,8 millones de dólares, incluso por encima del precio de referencia. Su representante, Eduardo Di Bello, reconoció transferencias al esquema y devolvió parte del dinero.
Millones recuperados, pero sin detalle
Uno de los principales cuestionamientos es la falta de transparencia en la recuperación de fondos. Las autoridades han informado que se han recuperado al menos 20 millones de dólares en efectivo y 5 millones en bienes; sin embargo, no existe un registro público que detalle cuánto devolvió cada empresa involucrada.
Incluso, movimientos bancarios analizados en la investigación reflejan que la estructura financiera de Blue Apple Services Inc. llegó a recibir cerca de 39,6 millones de dólares, principalmente provenientes de constructoras como Meco y Rodsa.
Vacíos legales permiten continuidad
Pese a las condenas dictadas en 2023 —ratificadas en 2024— contra varios implicados, la legislación panameña no establece la inhabilitación automática de empresas vinculadas a actos de corrupción. Este vacío en la Ley 22 de 2006 permite que compañías cuyos directivos confesaron delitos continúen participando en procesos de contratación estatal.
Reformas que no avanzan
El presidente José Raúl Mulino anunció en diciembre pasado la intención de presentar una reforma profunda al sistema de contratación pública, al que calificó como un “desastre” propenso a la corrupción. No obstante, hasta la fecha no se ha presentado un proyecto formal ante la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, las contrataciones continúan bajo las mismas reglas, permitiendo que empresas señaladas en uno de los mayores escándalos de corrupción del país sigan acumulando obras y recursos públicos, en medio de cuestionamientos sobre transparencia, control y rendición de cuentas.
