El comunicador y presidente de una fundación de medios regionales, Alexander Brenes Acuña, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la diputada Mayuli Ortega Guzmán, al considerar que se violentó su derecho a la libertad de expresión y al control ciudadano.
La gestión fue presentada bajo el expediente 26-016458-0007-CO y surge tras una serie de publicaciones realizadas por Brenes desde su perfil personal en la página oficial de la legisladora. Según indicó, en los comentarios compartió reportajes de medios internacionales relacionados con supuestos cuestionamientos sobre la nacionalidad de Ortega y un intento de participación política en Veracruz, México, durante el año 2017.
De acuerdo con la denuncia, luego de la publicación de esos contenidos, la diputada habría ocultado los comentarios y bloqueado la cuenta del comunicador. Además, Brenes asegura que recibió mensajes privados donde se le advertía sobre la recopilación de capturas de pantalla para eventuales acciones legales.
“Por este medio le comunico que hemos tomado capturas de pantalla a sus comentarios como prueba para una futura acción legal… también hemos ocultado sus comentarios… nos obliga a bloquear sus comentarios”, señala parte del mensaje atribuido a la legisladora.
Brenes sostiene que la actuación de la diputada constituye un acto de censura y una restricción ilegítima a la participación ciudadana en espacios digitales utilizados para comunicación pública.
El comunicador argumentó que su recurso se fundamenta en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales establecen que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio por parte de la ciudadanía y poseen un umbral menor de protección frente a críticas relacionadas con su función pública.
“Un ciudadano tiene todo el derecho de confrontar a un servidor público con información que ya ha sido publicada por la prensa internacional. Que la respuesta de una diputada sea la amenaza legal y la censura en sus canales de comunicación es un acto inconstitucional”, manifestó Brenes Acuña.
Asimismo, indicó que la acción busca sentar un precedente en defensa de la libertad de prensa y del ejercicio de la comunicación regional frente al poder político.
Ahora corresponderá a la Sala Constitucional analizar el caso y determinar si las acciones denunciadas por Brenes representan una violación a derechos fundamentales y un eventual abuso de autoridad por parte de la congresista.
