La entrada en vigencia del sistema de trazabilidad bovina, conocido como areteo, continúa generando fuertes críticas entre pequeños y medianos productores ganaderos, quienes aseguran que la medida no resolverá el problema del lavado de dinero ni el contrabando de ganado, pero sí está provocando serias afectaciones económicas y operativas en el campo costarricense.
Productores de distintas regiones del país afirman que las organizaciones criminales encontrarán nuevas formas para continuar con actividades ilegales, mientras que quienes terminan enfrentando altos costos, trámites complejos y dificultades tecnológicas son los pequeños ganaderos.
“Las mafias siempre buscan caminos. Si no es por una forma, será por otra. El problema del lavado y el contrabando desde Nicaragua no se resuelve castigando al productor humilde”, comentó el pequeño ganadero Víctor Manuel Arce, vecino de Los Lirios de Los Chiles.
Arce hizo además un llamado directo al presidente de la República.
“Señor Rodrigo Chaves, somos gente humilde, no traficantes de ganado ni lavadores”, expresó.
Otro de los productores afectados es Jorge Castro, de Pavón de Los Chiles, quien asegura que en muchas comunidades rurales no existen las condiciones para cumplir con los requisitos digitales del sistema.
“Hay lugares donde ni siquiera tenemos buena señal de internet. A muchos productores les cuesta manejar plataformas electrónicas y además deben asumir gastos que no estaban contemplados”, manifestó.
Las críticas se intensificaron luego de que varias subastas reportaran una drástica caída en la recepción de animales. En San Carlos, por ejemplo, algunas ferias pasaron de movilizar más de mil reses semanales a apenas unas pocas centenas, situación que ha generado preocupación por un posible desabastecimiento de carne y pérdidas millonarias para el sector.
El diputado Ronald Campos Villegas también expresó preocupación por las inconsistencias técnicas, legales y operativas del decreto.
“El problema no es la trazabilidad. El problema es la improvisación, la falta de diálogo y la desconexión absoluta del Gobierno con la realidad del campo costarricense”, afirmó el legislador.
Campos aseguró que la implementación obligatoria del areteo se realizó sin contar con las condiciones necesarias, generando inseguridad jurídica, atrasos en la movilización de ganado y costos adicionales para miles de familias productoras.
El nuevo sistema de identificación individual bovina comenzó a regir oficialmente el pasado 26 de abril de 2026. La medida busca registrar electrónicamente cada animal mediante un arete y un sistema digital de control para fortalecer la trazabilidad, combatir el robo de ganado y mejorar los controles sanitarios.
Sin embargo, desde distintos sectores agropecuarios se advierte que la implementación fue acelerada y sin un plan gradual que permitiera capacitar y preparar a los productores.
Miguel Ángel Mena, exdirector de Corfoga, señaló que desde años atrás se advirtió sobre la necesidad de desarrollar un proceso progresivo junto a cámaras y asociaciones ganaderas.
“Aquí debió hacerse un proyecto a varios años y trabajando de la mano con los productores. Eso nunca ocurrió”, cuestionó.
Las preocupaciones también alcanzan el ámbito sanitario. La presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, Silvia Coto, advirtió que la colocación masiva de aretes coincide con la alerta nacional por el gusano barrenador, lo que podría aumentar riesgos de infección en animales.
Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha defendido el sistema señalando que permitirá mejorar el control del hato nacional, modernizar la actividad y reducir el robo de ganado. Ante la presión del sector, las autoridades otorgaron recientemente una prórroga temporal para facilitar el proceso de adaptación.
Pese a ello, pequeños productores insisten en que la medida, tal y como está planteada actualmente, está dejando por fuera a familias humildes que dependen de unas pocas reses para sobrevivir.
