Crucitas vuelve al centro del debate político
La anunciada gira de la presidenta Laura Fernández a Crucitas de Cutris, en San Carlos, revive una pregunta inevitable: ¿logrará hacer lo que el expresidente Rodrigo Chaves no pudo resolver?
La mandataria convocó a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para visitar la zona minera el próximo 19 de junio, con el objetivo de que conozcan de primera mano la situación que enfrenta el territorio afectado por la minería ilegal.
“Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí, con el desastre ambiental, económico, de seguridad y de tanto más que solo daño le ocasiona a la Zona Norte del país”, afirmó Fernández tras una reunión con las bancadas legislativas en Casa Presidencial.
Sin embargo, el recorrido tiene un antecedente cercano. En julio de 2022, apenas meses después de iniciar su mandato, Rodrigo Chaves realizó una visita similar a Crucitas acompañado por los entonces ministros de Ambiente y Seguridad. En aquel momento prometió intervenir la problemática, reforzar la seguridad y establecer un plan de contención para detener el avance de la minería ilegal.
Cuatro años después, los resultados son cuestionados.
De promesas a una crisis más profunda
Lejos de disminuir, la minería ilegal se expandió considerablemente durante la administración Chaves. Informes e investigaciones internacionales señalan que el área impactada pasó de unas 900 hectáreas a más de 3.000, afectando al menos 15 comunidades del norte del país.
El propio Ministerio de Seguridad reconoció que la actividad evolucionó desde una extracción artesanal hacia una operación semiindustrial vinculada con estructuras del crimen organizado.
Además del impacto ambiental, autoridades y universidades documentaron contaminación con mercurio y arsénico en fuentes de agua, así como problemas relacionados con tráfico de drogas, trata de personas y amenazas contra habitantes de la zona.
Paradójicamente, mientras el gobierno enfrentaba cuestionamientos por la falta de control, impulsó un proyecto de ley para permitir de manera excepcional la minería a cielo abierto en Crucitas, bajo un modelo de concesiones y distribución de ingresos al Estado, municipalidades y comunidades.
Sala IV condenó al Estado
El golpe más fuerte llegó en marzo de 2026, cuando la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo y concluyó que existieron “omisiones sistemáticas y reiteradas” del Estado frente a la crisis en Crucitas.
La resolución obligó a distintas instituciones a reforzar acciones de control, protección ambiental y seguridad en la zona, evidenciando que las medidas implementadas durante los últimos años no lograron contener el problema.
Ahora, la visita de Laura Fernández reabre el debate. Mientras sectores esperan decisiones concretas, otros recuerdan que Rodrigo Chaves también recorrió el sitio, prometió actuar y el conflicto terminó agravándose.
La gran incógnita es si esta nueva gira marcará un punto de inflexión o si Crucitas seguirá siendo un ciclo político de promesas sin resolver.
