Mercado negro de armas en Costa Rica se fortalece con robos,

contrabando, piezas modulares e impresión 3D

  • Costa Rica vive la década más violenta de su historia, con armas de fuego presentes en más del 77% de los homicidios.
  • Vacíos normativos permiten que armas legales terminen en manos del crimen organizado; portadores civiles alquilan o venden, generando impunidad y alimentando el mercado negro.
  • Delincuentes sin conocimiento terminan lesionando o matando a inocentes en espacios públicos con pistolas modificadas que disparan en ráfagas.
  • Estructuras criminales acceden a un arsenal de alto poder que ofrece el mercado negro, lo cual se debe determinar como un problema de seguridad nacional.

San José. Robos, contrabando, piezas modulares e incluso impresión 3D fortalecen la creciente complejidad del mercado negro de armas de fuego en Costa Rica, advirtió la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

De acuerdo con el Informe 2025 de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNDEPAM), Costa Rica cerró la década 2014-2024 como la más violenta de su historia reciente, con más del 77% de los homicidios cometidos con armas de fuego.

El estudio también revela que cerca del 50% de las víctimas fueron jóvenes y menores de edad, y que se ha incrementado el número de víctimas colaterales, personas inocentes que resultan heridas o muertas en espacios públicos por el uso indiscriminado de armas de alto poder.

La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, explicó que el fenómeno debe entenderse como un sistema interconectado que combina múltiples fuentes de abastecimiento ilegal a partir de armas robadas, de las limitaciones en la fiscalización del armamento de las empresas de seguridad privada.

Asimismo, de armas que ingresan desarmadas por partes y se ensamblan en Costa Rica, armas hechizas incluso elaboradas con tecnología de impresión 3D con componentes metálicos, así como las armas de fuego que ingresan por vía marítima, aérea y terrestre.

La académica subrayó que los vacíos normativos han permitido que armas legales terminen en manos del crimen organizado, “en muchos casos, cuando un portador civil pierde o ‘extravía’ su arma y no pone la respectiva denuncia, la sanción se limita a una multa, sin consecuencias judiciales. Incluso se han documentado situaciones en las que armas vinculadas a delitos violentos son devueltas a sus propietarios originales”.

Advirtió que el uso de armas modificadas para disparar en ráfaga ha potenciado la letalidad de los hechos violentos y que son portadas por personas sin capacitación que no saben controlar el arma, “aunándole además que operan de una forma bastante impulsiva y poco planificada”, dijo.

“Esto aumenta los riesgos de víctimas colaterales no solo en el sitio donde acontece el evento, sino que el riesgo se extiende a un perímetro de hasta 1 kilómetro de distancia, trayectoria que podría tener un proyectil, y que dependiendo de la letalidad incluso hasta podría incluso traspasar infraestructuras”, enfatizó.

La especialista señaló que el fácil acceso a armas de fuego de alto poder por parte de estructuras criminales representa un problema de seguridad nacional, pues estas organizaciones están adquiriendo armamento de mayor letalidad y sofisticación, con capacidad de causar daños masivos en espacios públicos.

Lo cual, como hemos observado en los últimos años aumenta la violencia homicida por la confrontación entre estructuras criminales, pero además el riesgo no solo entre estas, sino incluso en contra de las personas oficiales de policía, quienes enfrentan un gran riesgo por el cumplimiento de sus funciones.

Además, un elemento que no puede quedar fuera de la ecuación, –según la especialista–, es el tema de las municiones, ya que la ausencia de límites sobre la cantidad de munición que una persona puede adquirir de forma legal representa un vacío significativo, pues facilita que estructuras criminales puedan abastecerse de amplia y sostenidamente para alimentar el uso de armas ilegales. 

El mercado negro de armas de fuego en Costa Rica se alimenta de diversas fuentes:

  • Armas robadas: sustraídas a portadores civiles u oficiales de seguridad.
  • Armas legales negociadas: portadores civiles que alquilan o venden sus armas, aprovechando que la normativa solo impone multas por no denunciar pérdidas.
  • Tráfico internacional: ingreso de armas por rutas marítimas, terrestres y aéreas, muchas veces junto con drogas.
  • Armas artesanales: fabricadas con impresión 3D y adaptadas con componentes metálicos para hacerlas funcionales.
  • Armas modulares: piezas enviadas por separado en contenedores o paquetes, que luego son ensambladas dentro del país, dificultando su detección en aduanas.

A criterio de Jiménez, la normativa actual resulta insuficiente, debido a que la falta de sanciones efectivas y la debilidad en los controles pueden facilitar que armas y municiones originalmente registradas de forma legal terminen en manos del crimen organizado.

“Si bien son pocos los casos en los que armas legalmente inscritas se vinculan con hechos delictivos, es necesario revisar la normativa vigente ante nuevas dinámicas criminales que podrían estar aprovechando vacíos legales”, manifestó.

Aclaró que no se trata de promover medidas prohibicionistas, sino de avanzar hacia una revisión integral del marco legal y hacia una política pública basada en evidencia científica y coordinación interinstitucional, que permita fortalecer el control de las distintas manifestaciones que alimentan el mercado negro de armas de fuego.

“Esta problemática no solo la enfrenta Costa Rica, sino que es un problema regional, por ello ya existen acuerdos internacionales, por ejemplo el de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denominado ‘La Hoja de Ruta de Centroamérica y República Dominicana para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos’, el cual es un mecanismo de seguimiento para monitorear avances y promover la coordinación efectiva entre gobiernos, y en el que se integran recomendaciones para los países para mitigar de forma conjunta este fenómeno”, finalizó Jiménez.

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