Hay estigmas que terminan siendo tan dañinos como la propia delincuencia. Uno de ellos es la idea, profundamente arraigada en parte del discurso político, de que el crimen nace en los barrios pobres y que basta con señalar a quienes viven allí para resolver un problema mucho más complejo. Esa visión no solo simplifica la realidad, sino que también desvía la atención de quienes históricamente han dirigido, financiado y obtenido enormes ganancias de las actividades criminales.
La reciente propuesta de la presidenta Laura Fernández de llevar estudiantes de los llamados “barrios peligrosos” a conocer la nueva cárcel de máxima seguridad parte precisamente de esa lógica: asumir que el riesgo de convertirse en delincuente está determinado por el lugar donde una persona vive. Esa premisa resulta preocupante porque convierte a miles de jóvenes en sospechosos por anticipado únicamente por su condición económica o su lugar de residencia.
La criminología moderna ha demostrado que la delincuencia no tiene un código postal ni una clase social exclusiva. Lo que cambia entre un estrato y otro es la forma en que se delinque y la capacidad para ocultar el delito.
Los barrios de escasos recursos aparecen con mayor frecuencia en las estadísticas policiales porque allí predominan los delitos visibles: robos, asaltos, homicidios o microtráfico. Además, son comunidades donde existe una mayor presencia policial, lo que naturalmente incrementa las detenciones y procesos judiciales. No significa necesariamente que allí exista una mayor propensión humana al delito, sino que el sistema penal concentra buena parte de sus recursos en perseguir ese tipo de criminalidad.
Mientras tanto, en los sectores con mayor poder económico y político prosperan delitos mucho menos visibles, pero con consecuencias inmensamente mayores para toda la sociedad. La corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal, los grandes fraudes financieros, las estafas millonarias y el crimen organizado sofisticado suelen planificarse en oficinas, despachos profesionales, empresas de papel o estructuras empresariales aparentemente legales. Son delitos que requieren conocimiento técnico, acceso al poder y recursos económicos.
El caso del exmagistrado Celso Gamboa, hoy extraditado para enfrentar acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico, constituye un ejemplo de cómo las organizaciones criminales buscan infiltrarse precisamente en las más altas esferas del poder. Independientemente del desenlace judicial del proceso, este caso evidencia que el crimen organizado no siempre tiene el rostro del joven de un barrio vulnerable; muchas veces viste traje, ocupa cargos públicos o privados y utiliza instituciones para proteger intereses ilícitos.
Las grandes organizaciones criminales no son construidas por adolescentes sin oportunidades. Detrás de ellas existen financistas, abogados, empresarios, funcionarios corruptos, operadores financieros y estructuras que mueven millones de dólares. Los jóvenes reclutados por estas redes, muchas veces provenientes de comunidades empobrecidas, suelen ocupar el último eslabón de la cadena y son quienes terminan enfrentando con mayor frecuencia el peso del sistema penal.
El hilo, como dice el dicho popular, siempre se revienta por lo más delgado.
Resulta entonces profundamente injusto responsabilizar únicamente a muchachos que crecieron entre pobreza, desempleo, abandono escolar, violencia familiar y escasas oportunidades de movilidad social. Es una doble condena: primero se les niegan condiciones dignas de desarrollo y luego se les señala como potenciales delincuentes por haber nacido donde nacieron.
Diversos estudios criminológicos sostienen que factores como la exclusión social, la deserción educativa, la falta de empleo, el deterioro del espacio público y la ausencia de oportunidades incrementan el riesgo de reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Sin embargo, ninguno de estos factores convierte automáticamente a una persona en delincuente. La inmensa mayoría de quienes viven en comunidades vulnerables trabaja, estudia y lucha diariamente por salir adelante de manera honesta.
Etiquetar a barrios enteros como “fábricas de delincuentes” solo fortalece prejuicios que dificultan aún más que sus habitantes accedan a empleo, educación y desarrollo.
Por otra parte, la delincuencia de cuello blanco genera daños económicos y sociales enormes. La corrupción desvía recursos destinados a hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales. El lavado de dinero fortalece al narcotráfico. Los fraudes financieros destruyen patrimonios familiares. La evasión tributaria reduce la capacidad del Estado para invertir precisamente en aquellas comunidades donde más se necesitan oportunidades.
Paradójicamente, estos delitos suelen recibir mucha menos atención mediática y política que un robo callejero, aunque sus consecuencias sean mucho más profundas.
La teoría sociológica de la anomia, desarrollada por Robert K. Merton, explica precisamente que cuando una sociedad promueve el éxito económico como meta universal, pero no ofrece iguales oportunidades para alcanzarlo por medios legítimos, aumenta la presión para recurrir a caminos ilegales. Ello no implica que la pobreza produzca delincuencia, sino que las desigualdades estructurales pueden facilitar el reclutamiento por organizaciones criminales.
En los sectores privilegiados, en cambio, el motor del delito suele responder a otras motivaciones: la codicia, la acumulación de poder, la percepción de impunidad o la posibilidad de utilizar recursos legales y económicos para ocultar conductas ilícitas.
Por eso resulta simplista reducir la prevención del delito a una visita escolar a una prisión.
Ningún joven abandona un proyecto criminal únicamente porque vio una celda. Lo que realmente cambia vidas son escuelas de calidad, educación técnica, deporte, cultura, espacios públicos seguros, empleo digno, atención en salud mental y comunidades fortalecidas.
La prevención nunca ha consistido en sembrar miedo, sino en construir oportunidades.
Los países que han logrado reducir sostenidamente la violencia no lo hicieron únicamente endureciendo cárceles. Lo consiguieron combinando seguridad con inversión social, fortalecimiento institucional y combate efectivo contra las estructuras financieras del crimen organizado.
Costa Rica necesita perseguir con igual firmeza al sicario que dispara en una esquina y al empresario que lava dinero; al vendedor de droga y al funcionario que recibe sobornos; al joven reclutado por una banda y, sobre todo, a quienes financian y dirigen esas organizaciones desde posiciones de poder.
Porque la delincuencia no nace en un barrio.
La delincuencia nace donde coinciden la impunidad, la ambición, la corrupción, la exclusión y la ausencia del Estado.
Mientras el debate público siga culpando únicamente a los jóvenes pobres y no a quienes dirigen las redes criminales desde las sombras, seguiremos atacando las ramas mientras las raíces permanecen intactas.
