Las dudas sobre la construcción del camino que desarrolla la Municipalidad de San Carlos en el sector de Alto Zopilote, en Pueblo Viejo de Venecia, lejos de disiparse, aumentan con el paso de los días.
Luego de que El Norte Hoy publicara un reportaje sobre la obra, ubicada dentro del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, decenas de vecinos de Venecia y de otros distritos del cantón inundaron las redes sociales con cuestionamientos sobre la prioridad que recibió este proyecto, mientras numerosas comunidades continúan esperando desde hace años la reparación de caminos donde sí viven cientos de familias.
La principal interrogante que plantean los ciudadanos es por qué la Municipalidad destina millones de colones a una carretera que, según las inspecciones realizadas por este medio y por el diputado Edgardo Araya, atraviesa una zona donde prácticamente no existen viviendas y únicamente da acceso a algunas propiedades privadas.
La controversia se intensificó luego de que el legislador anunciara una investigación para determinar si la inversión responde realmente al interés público o si termina favoreciendo intereses particulares.
Redes sociales se llenan de preguntas
Las publicaciones realizadas por El Norte Hoy provocaron una avalancha de comentarios.
Uno de los primeros fue Deney Molina, quien escribió: “Pregúntele a Alfredo Córdova”.
Fernando Herrera Gómez cuestionó: “¿Y quién vive por esa zona?”.
J. Martin Naranjo Araya comentó: “Eso me suena a un chorizote”.
Greivin Salas preguntó: “¿Y el alcalde ‘mejor valorado’ ante la opinión pública en la reciente encuesta de OPOL qué dice al respecto?”.
Elizabeth Vargas recordó que, según ella, “esa calle la inició el PLN: el anterior alcalde y regidores”.
Otros usuarios solicitaron una investigación más profunda.
“Excelente, muy bien que investigue si existe corrupción o no”, escribió Moisés Ramírez.
Aley MP también preguntó quiénes son los propietarios beneficiados con el acceso.
Las sospechas aumentaron con comentarios como el de Jacqueline Vásquez, quien afirmó que dentro del parque existen construcciones como casas de campo y otras edificaciones que, según ella, deberían investigarse.
Francisca Morera lamentó que, “con el pretexto del desarrollo, han destruido todas las montañas”.
Carlos Gallegos ironizó escribiendo: “Otro chicharrón… perdón, otro chorizo municipal”.
Eliud Porras González aseguró: “Claro que sí lleva a una parte, a la finquita de Chicharrón”.
Noy Soto comentó: “Seguro lleva a la finca de alguien importante”.
Vera Sánchez Arce preguntó con ironía si la carretera terminaría conectando con el Valle Central.
Carlos Luis Gamboa cuestionó si este tipo de obras serían el destino de futuros recursos municipales.
Desde Pital, Jorge Fabio Alvarado comparó la situación indicando que el camino hacia la comunidad de Piedra Alegre permanece en mal estado mientras se ejecuta esta inversión.
Lucy Mesén Méndez recordó que, desde hace varios meses, vecinos ya habían advertido sobre esta obra.
Arz Ana lanzó otra interrogante: “¿En una zona protegida y con recursos públicos?”.
Federico Castro propuso investigar quiénes son los propietarios de los terrenos colindantes para determinar si existe algún beneficio particular.
También hubo comentarios como el de Carlos Durán Castro, quien expresó preocupación sobre posibles irregularidades que la ciudadanía desconoce, mientras Henry Hidalgo Mora lamentó que el desarrollo vial termine afectando una zona de montaña y Antonio Rojas atribuyó la situación a intereses políticos.
Un camino que sigue generando más preguntas que respuestas
La polémica no es nueva.
Durante más de cinco años el proyecto ha sido objeto de denuncias ambientales, recursos legales y enfrentamientos entre distintos sectores de la comunidad.
En 2021 varias ASADAS presentaron denuncias ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por presuntas afectaciones ambientales relacionadas con la apertura del camino, incluyendo la supuesta tala de árboles cerca de quebradas y el uso de herbicidas para facilitar el avance de la obra.
Ahora, con la inspección realizada por el diputado Edgardo Araya, el debate volvió a tomar fuerza.
El legislador sostiene que la carretera no comunica comunidades ni centros de población, por lo que anunció que investigará los criterios técnicos, administrativos y legales que llevaron a la Municipalidad de San Carlos a priorizar una inversión millonaria en ese sector.
Mientras tanto, entre los vecinos siguen abiertas varias interrogantes: ¿por qué este camino sí recibió recursos cuando otras comunidades continúan esperando obras básicas?, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios?, ¿se justificó técnicamente la inversión?, ¿se valoraron adecuadamente los impactos ambientales?, y ¿responde esta carretera al interés público o termina favoreciendo intereses privados?
Hasta el momento, la Municipalidad de San Carlos no ha respondido públicamente a estos nuevos cuestionamientos surgidos tras la publicación del reportaje y las reacciones ciudadanas.
