SAN JOSÉ — El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica manifestó su firme rechazo a las iniciativas o propuestas que pretenden llevar a la población estudiantil menor de edad a realizar visitas a centros penitenciarios de máxima seguridad como una medida disuasoria contra la delincuencia.
De acuerdo con el gremio profesional, esta estrategia lejos de cumplir una función preventiva, resulta contraproducente para el desarrollo integral de los menores. Los especialistas argumentan que exponer a niños y adolescentes a entornos carcelarios de este tipo podría generar graves traumas psicológicos, propiciar la deserción escolar e incluso incrementar el riesgo de que terminen vinculándose a redes delictivas en el futuro.
Una medida que estigmatiza y criminaliza
Para los profesionales en psicología, etiquetar a los menores de edad basándose únicamente en el lugar de residencia o su entorno social viola flagrantemente el principio de no discriminación establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Bajo la premisa de que «la pobreza o la violencia comunitaria no son delitos», el gremio alertó sobre el peligro de criminalizar la vulnerabilidad social.
En su lugar, el Colegio insta a las autoridades a «invertir el enfoque» y comenzar a construir la seguridad ciudadana desde la garantía irrestricta de los derechos de la niñez y la adolescencia, asegurando el acceso a servicios esenciales como salud, nutrición y educación sin importar el origen, sexo, religión o condición socioeconómica de los estudiantes.
Las alternativas propuestas: Educación, Oportunidades y Trabajo Digno
En sustitución de las medidas punitivas y de choque, los profesionales plantearon una serie de alternativas integrales divididas en cuatro ejes fundamentales para abordar las causas estructurales del problema:
1. Educación y Formación Académica:
Implementación de becas, transporte y alimentación dirigidos a mitigar el riesgo de abandono de las aulas por falta de recursos económicos.
Fortalecimiento de la orientación vocacional y técnica en los colegios ubicados en zonas con alta desigualdad.
Programas de nivelación académica y de salud mental integrados dentro de los centros educativos, facilitando el acceso directo a la atención psicológica.
2. Abordaje sin Estigma:
Sustituir el uso de términos peyorativos como «barrios peligrosos» y comenzar a denominarlos legal y socialmente como «comunidades con deuda social histórica».
Diseñar intervenciones dirigidas a las familias y a la comunidad en general, evitando realizar señalamientos estigmatizantes hacia grupos específicos de estudiantes.
3. Comunidades Seguras y con Oportunidades:
Apertura de centros de deporte, arte, cultura y tecnología que operen en horarios extra clase y fines de semana.
Recuperación y apropiación de espacios públicos con la participación activa de las propias juventudes.
Despliegue en las comunidades de equipos interinstitucionales de salud mental, trabajo social y psicología comunitaria.
4. Trabajo Digno y Proyectos de Vida:
Creación de programas de pasantías y primer empleo con plenos derechos laborales garantizados para los jóvenes.
Apoyo financiero y logístico para el desarrollo de emprendimientos juveniles y cooperativas comunales.
Promoción de salarios dignos para las familias, recordando que un hogar con ingresos estables constituye el principal factor protector contra la delincuencia.
Con este pronunciamiento, el Colegio de Profesionales en Psicología hace un llamado urgente al Gobierno y a las instituciones correspondientes para deponer las estrategias de miedo y sustituirlas por políticas públicas de acompañamiento, desarrollo e inclusión social de la juventud costarricense.
Fuente: Noticias Columbia (Material Gráfico e Informativo).
