La medida alcanza documentos, presupuestos, operaciones, estrategias de seguridad y procesos de contratación vinculados con la lucha contra el crimen organizado.
La presidenta de la República, Laura Fernández, decretó como “secreto de Estado” una amplia cantidad de información relacionada con las acciones de seguridad nacional y combate al crimen organizado.
El decreto, firmado el pasado 27 de julio y publicado este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, establece restricciones para acceder a documentos y datos vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo gubernamental denominado “Fuerza Élite”.
La disposición también incluye cualquier coordinación que sea dirigida desde la Presidencia en materia de seguridad y defensa del Estado, así como aspectos relacionados con la protección de jerarcas y dignatarios del Poder Ejecutivo.
¿Qué quedará bajo reserva?
Entre la información protegida se encuentran las estrategias y tácticas policiales, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, protocolos de intervención, herramientas tecnológicas y mecanismos de inteligencia.
También quedan bajo confidencialidad las actas y registros de reuniones, sesiones, grabaciones, acuerdos, bitácoras y presentaciones relacionadas con las estrategias de seguridad.
El decreto además incorpora información presupuestaria y financiera, incluyendo partidas, inversiones y recursos destinados a seguridad y defensa.
Uno de los puntos de mayor alcance corresponde a la contratación pública, ya que la reserva incluye expedientes, estudios técnicos, requerimientos, ofertas, adjudicaciones, financiamiento y ejecución de contratos relacionados con estas instituciones.
La protección se extiende tanto a contrataciones con instituciones públicas como a consorcios y empresas privadas, nacionales o extranjeras.
Gobierno justifica la decisión por avance del crimen organizado
La Administración Fernández argumenta que el país enfrenta amenazas vinculadas con el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, sicariato y otras manifestaciones del crimen organizado.
Según la justificación oficial, divulgar información estratégica podría permitir que organizaciones criminales conozcan las capacidades y vulnerabilidades del Estado, evadan controles o interfieran con operaciones policiales.
El Gobierno también sostiene que la exposición de determinados datos podría poner en riesgo operaciones en curso y la integridad de funcionarios de seguridad y sus familias.
El secreto alcanza a funcionarios y contratistas
La obligación de confidencialidad no se limita a los jerarcas. También alcanza a policías, funcionarios administrativos, asesores, personal técnico y jurídico y cualquier persona que participe, de manera permanente o temporal, en las labores contempladas por el decreto.
Incluso los consultores y contratistas privados deberán aceptar cláusulas de confidencialidad cuando tengan acceso a información protegida.
La obligación permanecerá vigente aun después de que termine la relación laboral o contractual con el Estado.
El incumplimiento podría generar responsabilidades penales por quebrantamiento del secreto de Estado. En el caso de contratistas, la violación de la reserva también podría provocar la terminación inmediata del contrato.
La medida se conoce además en medio de cuestionamientos sobre posibles anomalías relacionadas con la aplicación de pruebas de polígrafo a integrantes de la denominada “Fuerza Élite”, un tema que podría añadir presión sobre los mecanismos de control y transparencia alrededor de este grupo.
