El Ministerio de Hacienda impulsa simultáneamente una reducción al presupuesto vigente y normas de ejecución que condicionan casi ?30 mil millones del proyecto del próximo año. La Corte Plena advierte afectaciones a la lucha contra el crimen organizado, servicios tecnológicos y atención a víctimas.
El Poder Judicial enfrenta un escenario financiero crítico. El Ministerio de Hacienda está impulsando dos medidas distintas sobre su presupuesto: un recorte al presupuesto de 2026, actualmente en ejecución, y una reducción acompañada del bloqueo de recursos en el proyecto de presupuesto para 2027. Aunque ambas medidas se gestionan y discuten de manera simultánea, se trata de procesos distintos, con procedimientos y trámites diferentes.
Presupuesto 2026: recorte de ?23.721,8 millones
El 24 de junio de 2026, el Ministerio de Hacienda solicitó al Poder Judicial una rebaja del 5% del presupuesto vigente, equivalente aproximadamente a ?27.076 millones.
Ante esta solicitud, la Corte Plena acordó el 29 de junio ceder ?13.042 millones como parte de los esfuerzos institucionales para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país. En ese momento se advirtió que la reducción pretendida tendría consecuencias en la prestación de servicios y en iniciativas dirigidas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y agilizar los procesos judiciales. Asimismo, se señaló que se trataba del mayor esfuerzo de ajuste que podía realizarse sin comprometer directamente la continuidad de servicios esenciales.
Posteriormente, mediante oficio MH-DM-OF-0901-2026 del 18 de agosto, Hacienda comunicó al Poder Judicial que realizaría un recorte de ?23.721,8 millones, alegando que ?11.608 millones del monto inicialmente cedido no formaban parte de la base utilizada para calcular la rebaja solicitada.
La Presidencia de la Corte presentó un recurso de revocatoria contra esta decisión, pero fue rechazado. También planteó un conflicto de presupuesto (artículo 177 constitucional) ante la Presidencia de la República, el cual fue declarado inadmisible. El recorte deberá tramitarse mediante un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.
Presupuesto 2027: ?29.843,8 millones bloqueados
En el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado por Hacienda a la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre, se asignan al Poder Judicial ?530.973,2 millones, un monto ?10.542 millones menor que el presupuesto de 2026.
Sin embargo, el principal impacto está en que ?29.843,8 millones de esos recursos quedan sujetos a normas de ejecución presupuestaria, que establecen una serie de requisitos y trámites para que puedan ser efectivamente utilizados: presentación de estados financieros del Fideicomiso de Infraestructura auditados, certificaciones de la Contraloría General de la República, conocimiento y aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, aprobación del Plenario Legislativo y, finalmente, una orden al Ministerio de Hacienda para proceder con el desbloqueo.
El procedimiento no establece un plazo cierto para que los recursos queden efectivamente disponibles. Además, aun cuando se cumplan las condiciones establecidas, su disponibilidad dependerá de decisiones y trámites que involucran tanto a la Asamblea Legislativa como al Poder Ejecutivo. Esta situación puede generar un escenario en el que el Poder Judicial tenga un presupuesto aprobado, pero no pueda disponer oportunamente de los recursos para operar con normalidad.
Principales afectaciones
· Menor disponibilidad de personal: las 2.463 plazas vacantes (ocupadas por funcionarios interinos) no podrán utilizarse sin un estudio de la Contraloría General de la República y aval de una comisión legislativa, lo que podría provocar el cierre parcial o total de despachos y aumentar el rezago judicial.
· Menor capacidad para combatir el crimen: las restricciones por ?8.684 millones al OIJ afectarían recursos destinados a investigación, pericias, equipos e insumos necesarios para enfrentar el crimen organizado.
· Riesgo para los servicios tecnológicos: las limitaciones en licencias, conectividad, videoconferencias y seguridad informática podrían afectar la tramitación de expedientes y la emisión de resoluciones.
· Afectación a víctimas y personas usuarias: las restricciones de personal y servicios podrían reducir la capacidad de brindar atención oportuna y cercana en distintas regiones del país.
· Dificultades para garantizar la defensa pública: podrían presentarse cierres de oficinas y una reducción de la cobertura territorial de los servicios de Defensa Pública.
· Riesgo de suspensión o atraso de proyectos esenciales: proyectos de infraestructura y servicios médico-legales y del OIJ podrían enfrentar atrasos o suspensión.
«Afecta la independencia judicial»
El proyecto de presupuesto 2027 se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde todavía puede ser objeto de cambios y modificaciones.
El Poder Judicial compareció ante esta comisión el miércoles 16 de setiembre y manifestó su preocupación por las normas de ejecución presupuestaria, al considerar que pueden afectar su independencia y su capacidad para administrar oportunamente los recursos necesarios para cumplir las funciones que constitucionalmente le corresponden. En esa comparecencia, solicitó la eliminación de dichas normas y planteó la necesidad de garantizar que los recursos asignados puedan estar disponibles de manera oportuna.
Rendición de cuentas y transparencia
Consultado sobre cómo rinde cuentas el Poder Judicial, la institución señaló que la ejecución presupuestaria es fiscalizada por la Contraloría General de la República y por la Auditoría Interna, mientras que la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Planificación dan seguimiento a la formulación, distribución y ejecución del presupuesto institucional. Además, el presupuesto se somete al proceso de aprobación y fiscalización ante la Asamblea Legislativa.
La institución también cuenta con mecanismos de transparencia como el Portal de Transparencia, los informes de ejecución presupuestaria, datos sobre contrataciones y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Sobre si la independencia judicial es una forma de excusarse para no rendir cuentas, el Poder Judicial respondió: «La independencia judicial no es un privilegio de las personas funcionarias ni una excusa para no rendir cuentas. Es una garantía para la ciudadanía, porque permite que las decisiones se tomen con base en la Constitución y la ley, sin presiones externas. Para cumplir con el mandato constitucional, también se requieren los recursos necesarios para prestar los servicios de justicia».
Presupuesto estable como porcentaje de ingresos
Durante los últimos tres años, el presupuesto del Poder Judicial se ha mantenido relativamente estable como porcentaje de los ingresos corrientes: 6,84% en 2025 y 2027, y 6,82% en 2026. En términos absolutos, pasó de ?528.513 millones en 2025 a ?539.689 millones en 2026, un incremento del 2,11%. Para 2027, el presupuesto ordinario formulado es de ?528.986 millones, es decir, ?10.703 millones menos que en 2026 (1,96%).
A esto se suman ajustes posteriores a la aprobación legislativa que han reducido los recursos efectivamente disponibles. En 2025 se rebajaron ?6.346 millones de recursos incorporados mediante mociones legislativas, debido a que Hacienda autorizó el giro de únicamente ?3.000 millones. En 2026, además, se descontaron ?8.688 millones correspondientes a recursos aprobados por la Asamblea Legislativa que finalmente no fueron transferidos al Poder Judicial.
Fideicomiso: 17 proyectos de infraestructura
Sobre el Fideicomiso de Infraestructura, el Poder Judicial aclaró que los recursos que al cierre del año quedan disponibles se liquidan y pasan a favor del Ministerio de Hacienda. Durante el ejercicio presupuestario, la institución realiza una revisión permanente de los saldos disponibles producto de diferenciales cambiarios, contrataciones fallidas o servicios públicos que fueron presupuestados pero no se concretaron. Son estos recursos los que se trasladan al Fideicomiso mediante modificaciones presupuestarias aprobadas por Hacienda.
Los fondos del Fideicomiso están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, que ya ha emitido un informe al respecto. Asimismo, la Auditoría Interna ha realizado estudios sobre su gestión. Los estados financieros son auditados anualmente por un despacho de contadores públicos; para el 2025 se obtuvo una opinión limpia, sin salvedades.
El Fideicomiso está conformado por 17 proyectos de infraestructura. A la fecha, se han adquirido tres terrenos, se ha concluido la construcción de dos edificios —la Torre Judicial y los Tribunales de Justicia de Puntarenas— y otros tres proyectos se encuentran en proceso de construcción. Los edificios ya concluidos generan un ahorro superior a ?2.000 millones anuales en alquileres. Una vez finalizados los Tribunales de Justicia de Cañas y Liberia y el edificio de la Sala Constitucional, se estima un ahorro adicional de más de ?1.200 millones al año.
San José, 25 de setiembre de 2026