Los diputados Jorge Luis Fonseca y María José Corrales presentaron ayer un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para regular la minería en el país, pero los grupos ambientalista del país, inmediatamente lo rechazaron.
Se trata del proyecto Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica, busca el efectivo cumplimiento de lo que establece el articulo 1 del Código de Minería, el cual otorga al Estado el dominio de los recursos minerales del país y su potestad para explorar sus riquezas por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él.
Según Corrales su apoyo a esta propuesta de ley se debe a la situación que se vive en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos de cual ella representa.
El proyecto plantea tres tipos de minería que se podrían desarrollar en el país, con un marco regulatorio: la artesanal, la pequeña minería y la mediana minería.
Para llevarlo a cabo, las personas o empresas interesadas deberán contar con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Además, deberá cumplir con los requisitos que establece la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Además, para cada proyecto que se otorgue una concesión se conformará una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA) con participación de funcionarios del MINAE, las municipalidades donde se realice el proyecto, asociaciones comunales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que ven temas ambientales, quienes darán seguimiento al trabajo que desarrolle el concesionario.
Asimismo, se establece la prohibición expresa del uso del mercurio y el otorgamiento de permisos para explorar o explotar recursos minerales en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios de vida silvestres.
Ecologista en contra
Pero para la Federación Ecologista (FECON) el proyecto de ley permite la explotación de minería de oro a cielo abierto, el cual es inconveniente y es un retroceso ya que en el año 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó por unanimidad la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en el país.
Para Marco Tulio Araya, integrante de UNOVIDA, “la minería metálica, al igual que la extracción petrolera, responde a un modelo económico insostenible, extractivista y depredador de la naturaleza, que atenta contra la existencia misma de la especie humana en el planeta.”
Murillo, vicepresidenta de FECON recordó que “en el 2010, en una encuesta nacional, el 90% de la opinión pública avaló y aplaudió esta prohibición al tomar conciencia de los impactos que provocan.”
Por su lado el exdiputado Edgardo Araya señaló que “desde el sector ambientalista realizamos propuestas concretas de inversión pública y de reactivación económica sostenible para la zona de Crucitas, tanto con el Gobierno Central, como con la Municipalidad de San Carlos y el INDER, sin que esas instituciones le dieran seguimiento y apoyo a esas propuestas sostenibles y alternativas a la minería metálica.”
Impuestos y beneficios
Según los legisladores Corrales y Fonseca el proyecto establece un impuesto que consiste en un canon anual que deberá cancelar la empresa por hectárea concesionada.
Además de ofrecer un marco regulatorio a la labor minera en el país, el proyecto establece un esquema de beneficios sociales producto de las concesiones que eventualmente se otorguen. Uno de ellos, consiste en que al menos las dos terceras partes de las personas que trabajen para la concesión deberán ser vecinos del cantón donde opere el proyecto.
Además, se establecerá un impuesto del 20% sobre las ventas brutas del material extraído. De ese total, un 15% se destinarán para financiar Pensiones del Régimen No Contributivo de la CCSS, 10% para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 15% para ampliar la cobertura de la Red de Cuido, un 30% ingresará a las arcas municipales de la zona donde se ubique la concesión y un 15% se distribuirá proporcionalmente en las municipalidades de la región donde se ubique la concesión tomando en cuenta su Índice de Desarrollo Social (IDS).
Finalmente, un 5% irá a la Dirección de Geología y Minas y el restante 10% del impuesto será para la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) para las inversiones que realicen las Asociaciones de Desarrollo.
Pero para Mauricio Jiménez, presidente de UNOVIDA, una propuesta concreta y económicamente viable, es la adquisición, por parte del Estado, de la finca afectada por la minería ilegal, con el fin de tener un mayor control público de la zona y establecer ahí, además de una academia policial, un Centro de Investigación y Capacitación en Desarrollo Sostenible, administrado por las universidades públicas y con una propuesta de financiamiento con cooperación internacional en desarrollo sostenible.
“Desde las organizaciones ambientales mantenemos con firmeza nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto. Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la naturaleza y las comunidades que dependen de ella. Apostamos por un modelo que garantice vida digna a las generaciones que aún no han nacido y la minería a cielo abierto no es el camino”, detalló FECON.
