El Gobierno de la República está a punto de firmar la aplicación del aborto terapéutico en Costa Rica por medio de la norma técnica que fue trasladada esta hoy a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para consulta de carácter no vinculante.
El Ministerio de Salud, la envió hoy a la Caja la norma y ésta tendrá tres días para contestar, pero lo que decida la Caja no es vinculante para el Poder Ejecutivo.
La norma técnica resalta cuatro elementos para que se pueda aplicar el aborto terapéutico. Esta es que haya consentimiento de la mujer; que se realice por una persona obstetra autorizada si no hay una persona médica disponible; que se practique para evitar un peligro para la vida de la mujer; y que el peligro para la vida o salud de la mujer no se haya podido evitar por otros medios.
Dicho documento no contempla una lista de cuáles son las enfermedades que podrían poner en riesgo la vida de la mujer, aunque sí menciona algunos casos frecuentes como los embarazos ectópicos, las corioaminionitis y las molas hidatiformes.
También se permite a la persona profesional en salud que atienda a la mujer ejercer la objeción de conciencia si así lo valora. Quienes se acojan a la objeción de conciencia no pueden formar parte del procedimiento de la norma.
Código Penal sobre aborto terapéutico
En Costa Rica el aborto terapéutico no se practica a pesar de que la ley establece que “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico autorizado cuando no ha sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”, según el artículo 121 del Código Penal.
La firma de la norma técnica es un compromiso que dejó pendiente el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien prometió firmar la norma técnica durante su mandato (2014-2018).
El 5 de enero de 2015 el Estado costarricense fue notificado de las peticiones contra Costa Rica por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las peticiones versan sobre dos situaciones en donde se solicitaba la aplicación de aborto terapéutico, figura que es legal en el país, pero que no fue aplicado en estos casos, por lo que se alega afectación de la salud integral, entre otros derechos. El 5 de mayo de 2015, el Estado costarricense respondió a la CIDH manifestando su interés en entrar en un procedimiento de solución amistosa, facilitado por la CIDH. El Estado estableció algunos parámetros (factores y realidades) que deben ser atendidos en el proceso.
Estado se comprometió a generar regulaciones concretas que den contenido a la figura del aborto impune (también conocido como aborto terapéutico) previsto en el artículo 121 del Código Penal y permitan su aplicación efectiva en el sistema de salud costarricense, abarcando instituciones de salud públicas y privadas.
Cabe destacara que los diputados de oposición, grupos próvida y sectores como la iglesia católica manifestaron al Presidente su rechazo y desaprobación con la norma técnica, pues aseguran que abriría una puerta para el aborto legal en Costa Rica, no obstante, el Gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que el protocolo no irá más allá de lo que ya establece el Código Penal.
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