- Expediente 20-000985-0007-CO busca restablecer el derecho de petición, pronta resolución, justicia pronta y cumplida y acceso a información pública por el tema de Crucitas.
- Legisladora tuvo conocimiento de la existencia de un informe ambiental desde el 29 de noviembre. Asegura que la población tiene los “ojos vendados” sobre la realidad en Crucitas por falta de información.
- El incumplimiento en el envío de un informe de evaluación ecológica ambiental en la zona de Crucitas de Cutris, en San Carlos, impulsó a la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN) a interponer un recurso de amparo contra el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.
“Estamos con los ojos vendados sobre la realidad del impacto ambiental de lo que ocurre en Crucitas. Si seguimos sin tener acceso a datos y cifras oficiales, ¿cómo el Gobierno va a poder realizar acciones de control y mitigación en la zona? Ese secretismo no va acorde con la transparencia que debe regir el ejercicio público ni mucho menos, va en sintonía con la agenda ambiental que dice defender el Gobierno”, manifestó la diputada Corrales.
El expediente del recurso es el 20-000985-0007-CO. En su alegato, la congresista señala una violación al derecho de petición, pronta resolución y a la justician pronta y cumplida, así como al derecho constitucional de acceso a la información administrativa.
Relación de hechos
Desde la primera reunión que sostuvo con jerarcas de Gobierno para tratar la situación de Crucitas, el 20 de mayo del 2018, la diputada Corrales, representante de los cantones de la zona norte del país, ha venido denunciando públicamente los riesgos ambientales, económicos, sociales, de salud y de seguridad que persisten en la región, producto de la actividad minera ilegal que se desarrolla, principalmente en los distritos sancarleños de Pocosol y Cutris.
Ante la inacción gubernamental para detener esta situación, la legisladora presentó el 11 de setiembre anterior el proyecto de ley 21.584 para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica, el cual se encuentra en trámite en la Comisión de Asuntos Sociales.
El texto no fue convocado por el Poder Ejecutivo para el actual periodo de sesiones extraordinarias.
Posteriormente, en una Asamblea del Consejo Regional de Desarrollo (Coredes) celebrada en San Carlos, el 29 de noviembre, la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN) del Minae, Mariana Jiménez, aseguró públicamente que existía el citado informe de evaluación ambiental.
Fue así como el 2 de diciembre dicho informe se le solicitó al ministro Rodríguez por medio del oficio FPLN-MJCCH-245-2019.
A través del oficio DM-1329-2019, el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía contestó el 18 de diciembre, solicitando una prórroga para el envío del documento. Dicha prórroga se concedió hasta el 15 de enero de este año.
“En vista de que desde el pasado 16 de enero se venció el plazo de respuesta que otorga la ley y por ser un tema de alta urgencia, en vista de los efectos ambientales ya demostrados que genera la minería ilegal, presenté este recurso de amparo para que mi derecho constitucional de acceso a la información pueda garantizarse”, agregó la legisladora Corrales.
En un discurso de control político pronunciado el lunes 19 de enero, la congresista señaló que “lamentablemente empezamos el año con el pie izquierdo” en referencia al incumplimiento en el envío oportuno de la información.
Asimismo, recordó los graves daños ambientales que se están produciendo en la zona con una tala indiscriminada de árboles, el uso ilegal de mercurio que se deposita en ríos, quebradas y sedimentos y la excavación de túneles de hasta 20 metros de profundidad por parte de coligalleros
.
