Industria tostadora y torrefactora de café en alarma por intención de reducir posibilidades de obtener materia prima a mejores precios en mercado internacional.
La industria alimentaria costarricense enciende las alarmas en contra de Proyecto de Ley 21.163 convocado por el gobierno, el cual busca incrementar las potestades del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) para limitar, imponer requisitos y controles excesivos, en los procesos de abastecimiento de la materia prima más importante que utilizan los tostadores y torrefactores del grano.
“Respetuosamente llamamos la atención de los estimados Diputados, pues nunca es momento para imponer barreras a la producción industrial. La libertad para el abastecimiento de materias primas que requiere la industria alimentaria es vital para sostener la competitividad, por lo que CACIA solicita el auxilio de los legisladores, para que no se impongan más barreras al proceso de abastecimiento de sus insumos. De la variedad de orígenes internacionales dependen nuestras posibilidades de innovación y diversificación. Por tanto, solicitamos que no avance esta iniciativa que viene a incrementar las barreras y costos de uno de los sectores industriales más importantes del país.”, acotó Maurizio Musmanni, Presidente de los industriales de alimentos.
Por su parte, José Manuel Hernando, Presidente de la Cámara Nacional de Tostadores de Café, indicó que “siempre hemos preferido abastecernos de materia prima en el país; no obstante, ya es muy difícil lograrlo pues la producción nacional del grano, está cada vez menos disponible y es de las más caras del mundo. Pagar solamente los altos precios de la producción nacional del grano, no es viable para ofrecer alternativas al consumidor y competir con todas las opciones que el mercado abierto hoy genera, ni tampoco para la sostenibilidad económica de nuestra industria procesadora, ni es pagable por la gran mayoría de los consumidores nacionales”.
Según la industria nacional tostadora de café, actualmente, el abastecimiento de materia prima internacional puede llegar a representar hasta un 50% de las necesidades de consumo. Por tanto, de entorpecerse esa libertad que necesita cualquier tipo de industria, se generará un fuerte golpe a su competitividad y un escenario de ajuste de precio al consumidor final que podría llegar a ser de un 20%.
“Actualmente ingresa al país café tostado en otros orígenes fabricado por gigantes mundiales de la industria, que producen en condiciones más favorables. De perder la competitividad, nuestra industria tendría que pensar en producir en otro país, llevándose el empleo y el valor agregado afuera, con el costo social que esto puede implicar”, agregó Hernando.
Insiste en que otros países que compiten fuertemente en los mercados internacionales del grano, realizan importaciones de diferentes tipos de café utilizado como materia prima industrial, para así no afectar la competitividad de su industria tostadora nacional ni al consumidor final. Actualmente el consumidor costarricense exige un café de buena calidad, que sea económicamente accesible para los diferentes grupos sociales, con mucha innovación, que ofrezca diversidad y novedosas experiencias de consumo. Con el proyecto de ley 21.163 que acaba de convocar el gobierno, se otorgan poderes especiales a ICAFE, que encarecerían los procesos y agregarían costos injustificados para la industria y los consumidores, provocando que la actividad se vuelva insostenible.
En nota enviada a los Diputados, CACIA señala además una serie de elementos que hace inviable la aprobación de la iniciativa de ley:
1. Se amplían las potestades del ICAFE, atribuyéndole en ciertas circunstancias, capacidades de regulación adicional e indebida sobre el sector tostador, que es un cliente de la agro cadena cafetalera y cuyo accionar está suficientemente normado por instrumentos diversos en varias otras leyes. En este sentido, se estaría estableciendo un régimen fuera de toda lógica de la libertad de mercados, en los que una entidad política, totalmente dominada por los proveedores de la materia prima, tendrán control y poder sobre la cadena de abastecimiento del industrial, cuyo mercado se desarrolla en libre competencia.
2. Se crean mecanismos para restringir la libertad de acceso a mercados internacionales de materia prima, a través de potenciales trabas y obstáculos no arancelarios dada la posibilidad de desarrollar una nota técnica por parte del ICAFE, que regularía los requisitos para importación del café.
3. Se establece el ICAFE como ente único certificador de calidad y origen del café costarricense, con potestades fuera del ámbito de la actual Ley del sistema Nacional de la Calidad y las debidas competencias que para tales efectos ya tienen instancias como INTECO, ECA, COMEX Y PROCOMER.
4. Se establecen espacios políticos para definir de manera unilateral normas de origen, más allá de lo ya establecido por convenios y tratados internacionales, dejando al creador de valor agregado y al innovador en una posición de indefensión, incerteza e inseguridad jurídica.
5. Creación de un marco jurídico, que da a una organización como el ICAFE, políticamente dominada por los actores privados proveedores de la materia prima, potestades excesivas para intervenir el mercado.
6. El Proyecto de Ley introduce la posibilidad de aplicar medidas sancionatorias, imprecisas y desmedidas. Esto es particularmente grave en un escenario institucional, en el que la entidad que aplica dichas medidas está políticamente dominada por los actores privados del sector primario de la agro cadena productiva.
7. La interferencia en la cadena de abastecimiento de materias primas en cualquier actividad productiva, lo que implica es el encarecimiento de la misma, con el consecuente impacto en la competitividad de largo plazo, las posibilidades subsistencia, crecimiento, generación de empleo, por un lado, y por otro, el necesario incremento en precios al consumidor final, producto de las ineficiencias creadas en el proceso productivo.
