- Alcaldías incluyeron la iniciativa en nuevo proyecto de ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia sanitaria.
- Asegurar sostenibilidad financiera de los gobiernos locales es necesario para seguir ofreciendo los servicios municipales que requieren las comunidades.
En el marco de la emergencia sanitaria ante el COVID-19 y la reducción de los ingresos en los diferentes comercios o pequeñas empresas de servicios, la los gobiernos locales buscan iniciativas que permitan reactivar la economía local.
La plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, más conocido como SICOP, no siempre permite esto, ya que generalmente son grandes empresas quienes tienen mayores medios para integrarse y presentar sus ofertas. Dejando de lado a las empresas locales, sobre todo en la zona rural, y que muchas veces tienen mejores precios.
“Para reactivar la economía y responder a una situación de emergencia, como la que vive el país, se requiere de tramites más inmediatos y oportunos, donde se pueda priorizar al empresario local, a aquellas empresas que mediante su trabajo generan empleo y desarrollo al cantón. Por ello desde la ANAI y la UNGL se consideró que el proyecto incluya autorizar a las municipalidades e intendencias para que realicen procesos de contratación administrativa sin necesidad del uso de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), siempre en el marco de la Ley de Contratación Administrativa”, destacó la directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Karen Porras.
Y siempre y cuando estas contrataciones estén estrictamente relacionadas con la atención de la emergencia nacional producto del COVID-19.
Por otra parte, la implementación de SICOP puede representar un egreso de aproximadamente 8 millones de colones anuales por concepto de pago de tarifas, muy por encima del tope al crecimiento del gasto corriente de algunos gobiernos locales, sin tomar en cuenta los costos de implementación inicial.
Para aquellos Municipios y Concejos Municipales de Distrito que aún no han incorporado este gasto a su presupuesto, en muchos de los casos, se excede el tope de crecimiento en gasto corriente, esto les implicaría desfinanciar otros compromisos fundamentales para alcanzar los objetivos del Municipio.
Garantizar infraestructura vial
Otro elemento que se incorpora en este proyecto es lo relacionado con los recursos de la Red Vial Cantonal, para lo cual se establece que la Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberán realizar de forma oportuna la transferencia de la totalidad de los recursos a las municipalidades, según lo dispone el artículo 5 de la Ley N° 8114, “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”.
“La inversión municipal en obra pública debe ser una las acciones que incida positivamente en la reactivación económica y es por esto que es tan importante la transferencia ágil de los recursos para red vial, claro está de acuerdo al presupuesto municipal previamente aprobado por la Contraloría General de la República”, recalcó el alcalde de Tilarán y presidente de la UNGL, Juan Pablo Barquero.
Garantizar sostenibilidad financiera a lo interno de los ayuntamientos
Está claro que las consecuencias económicas de esta pandemia conllevan una disminución de los ingresos para la ciudadanía y a su vez para los gobiernos locales. Por ello también se establece en el proyecto no girar el porcentaje de lo recaudado al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, ni a la Junta Administrativa del Registro Nacional.
No hay duda sobre esto, señala la alcaldesa del cantón de Jiménez, Lissett Fernández, “… las municipalidades realizan más transferencias corrientes que las que reciben, por lo tanto, la intención con estos artículos es que al menos estos dos destinos sean suspendidos de forma temporal y que estos recursos se queden en la municipalidad para contribuir a palear la reducción de ingresos. Ninguna de las entidades mencionadas utiliza esos recursos para ofrecer servicios tan básicos como los que ofrecen las municipalidades.”
En el tema de apoyar a las municipalidades para poder seguir enfrentando la emergencia nacional mediante su personal, la coordinación de los Comités Municipales de Emergencia y ayuda humanitaria como entrega de víveres e implementos de higiene, igual que el IMAS, Cuerpo de Bomberos o Inciensa, se pide levantar la regla fiscal en el artículo 11 de este proyecto de Ley.
Según quienes hemos estudiado este tema y trabajamos día a día contra esta pandemia, explicó Porras, va a ser un hecho que la deuda del Gobierno Central alcance el 60% del PIB (escenario 4 del artículo 11 de la Ley 9635), lo que implica que la regla fiscal va a restringir ya no solo el gasto corriente sino también el gasto de capital. Es decir que las municipalidades tendrán que limitar su gasto corriente y de capital, sin que esto tenga efecto alguno en reducir el déficit fiscal del Gobierno Una municipalidad podría tener recursos para invertir en infraestructura para beneficio de las personas y no podrá hacerlo.
Las municipalidades buscan con este proyecto de ley (21.922) seguir apoyando a la ciudadanía para superar con prontitud esta emergencia sanitaria, sobrevivir, pero de una forma digna para todas las familias y esto no tiene colores políticos, sino sentido de responsabilidad.
