Cifras podrían aumentar en caso que se apruebe Proyecto de Ley que frenaría reducción del precio de combustibles.
Además de los despidos, el 60% de colaboradores que se mantiene se les reducirá la jornada laboral y aproximadamente, el 25% está en proceso de suspensión del contrato laboral.
AbrDespidos, reducción de la jornada laboral y procesos de suspensión del contrato de trabajo. La pandemia del COVID- 19 en el país, está generando un fuerte impacto en el sector de transporte público.
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de CANATRANS y vocera del sector empresarial del transporte público, confirmó que las empresas ya registran alrededor de 1.500 colaboradores despedidos, además de un 60% en proceso de recorte de jornada laboral y aproximadamente el 25% en proceso de suspensión del contrato de trabajo.
“Esto es insostenible. Hay una reducción en la demanda del servicio del 80%, con la flota detenida en los planteles y aunque, las empresas han tomado acciones para evitar prescindir de su personal, es una situación que ya se nos salió de las manos”, manifestó Bolaños.
No obstante, la afectación podría agudizarse, ya que advierten que el Proyecto de Ley que se discute en la Asamblea Legislativa, que busca frenar la rebaja en los precios de los combustibles, provocaría un efecto más que negativo para el sector productivo, en el cual, predominan las pequeñas y medianas empresas.
“La rebaja de los combustibles representaba un pequeño respiro para las finanzas de las empresas, no obstante, la iniciativa que se encuentra en discusión en el plenario legislativo, no solo congelaría la disminución, sino que, por el contrario, provocaría un incremento del precio final del combustible, siendo contraproducente para empresarios como para los usuarios, los cuales son la fuerza laboral del país y en general, son personas de recursos medios y bajos”, explicó Silvia Bolaños, directora ejecutiva de CANATRANS.
Actualmente, el precio vigente de los combustibles fijados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), por litro, es de ?580 para la Gasolina Súper, ?555 para la Gasolina Plus 91 y ?464 en el Diésel. Con la aprobación del Proyecto de Ley, no solo se detendría la rebaja que estaba en proceso, sino que, los precios volverían a ser los fijados al 04 de marzo, los cuales eran de ?606 para la Súper, ?583 para la Plus 91 y ?498 para el diésel. Esto significaría que aumentarían entre ?26 y ?34 colones por litro.
Aunque el empresariado de transporte público entiende y apoya, que exista solidaridad con las personas que están desempleadas, consideran que no puede ir en detrimento de los sectores productivos que tratan de continuar operando, a pesar de las condiciones complicadas que imperan en la actualidad. Asimismo, la problemática que esta situación ha generado en la operación de las empresas, también provoca un efecto negativo para los usuarios, quienes finalmente son los que utilizan el servicio.
“En momentos de crisis donde el sector productivo está sosteniendo al país a pesar de las complicaciones y la drástica reducción en la demanda de los productos y servicios, consideramos que el proyecto no es viable en el tanto se incluya al diésel, el cual, es el producto que más utilizan sectores como el transporte público”; señaló Silvia Bolaños, directora ejecutiva de CANATRANS.
Por último, el sector empresarial de transporte público, hace un llamado al Poder Legislativo para que comprenda el impacto que generará el Proyecto de Ley una vez aprobado, ya que haría imposible sostener el funcionamiento de muchas empresas.
El sector de transporte público está conformado principalmente con PYMES. Del total de las empresas del sector, el 50% no sobrepasa las cinco unidades en su flota; hasta el 75% tiene hasta un máximo de diez unidades y solamente, el 1,3% tiene una flota de más de cien autobuses.
