En el Informe Anual de Labores 2019-2020, presentado recientemente ante la Asamblea Legislativa, la Defensoría hace un recuento de algunas de las intervenciones realizadas en resguardo y protección de los derechos humanos de las mujeres.
Una de las manifestaciones de violencia que la institución monitorea es el
acoso sexual, ya que el artículo 7 de la Ley 7475, Ley de Hostigamiento
Sexual en el Empleo y la Docencia, obliga a las entidades del sector público a
enviar a la Defensoría de los Habitantes información de cada una de las
denuncias que se presentan sobre este abuso en estas dependencias.
Según los registros de la Defensoría, para el año 2018 se recibieron 359 casos
nuevos, siendo el Ministerio de Educación Pública el que más casos iniciados
reporta con 155, seguido de la Caja Costarricense de Seguro Social con 50, y
de tercero, el Ministerio de Seguridad Pública con 44 casos iniciados.
Por otra parte, la Defensoría señala en su Informe Anual que uno de los
mayores retos, en el marco de la pandemia producto del COVID-19, es
proteger a las mujeres de la violencia; ya que en contextos de emergencia
aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas,
debido al aumento de las tensiones en el hogar y la permanencia de todas las
personas; además de que pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de
situaciones violentas o para acceder a denuncias u órdenes de protección.
En la generalidad de las situaciones, pero hoy más que nunca, la Defensoría de
los Habitantes recomienda al Estado, entre otras cosas, reforzar el Sistema
Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia
Contra las Mujeres, y el Sistema Unificado de Medición Estadística de la
Violencia de Género (SUMEVIG) con presupuesto y acciones
interinstitucionales.
Así como redoblar esfuerzos en la implementación de la
«Política Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres de todas las edades (PLANOVI 2017-2032) y su plan de acción, en el
marco de la crisis del COVID-19, particularmente garantizando que los
albergues u otras formas de protección puedan adaptarse según la condición
etaria, de discapacidad, o de ruralidad de las mujeres que así lo requieran».
Por otro lado, y en el marco de la crisis provocada por el COVID-19 y su
impacto en los derechos laborales de las mujeres, la Defensoría pidió cuentas
al Ministerio de Trabajo con respecto a la aplicación de los alcances del
Decreto Ejecutivo número 42248-MTSS, en los casos de solicitud de
suspensión temporal de contratos laborales, y las acciones que se han
adoptado para incluir en el análisis, la incidencia en el empleo femenino, de
manera que la medida no genere discriminación por resultado.
Asimismo, la Defensoría solicitó a las autoridades de Trabajo los datos
actualizados, desglosados por sexo, sobre las suspensiones temporales de
contratos aprobadas.
