- Iniciativa permitirá atender deuda histórica con las miles de familias que durante años han protegido el bosque en sus fincas, sin poder acceder a los beneficios por su esfuerzo de conservación, dándoles un derecho de utilidad ambiental.
- Iniciativa permite la recuperación económica de zonas rurales que han permanecido, por décadas, en condición de informalidad.
- Amplía los usos dentro del Patrimonio Natural del Estado adecuándolos a las categorías de manejo propias de la ciencia y técnica de la conservación
- Ley DUA no aplica ni a Reservas Biológicas, ni a Parques Nacionales, en virtud de las limitaciones estrictas de conservación de este tipo de Áreas.
Con el fin de atender una deuda histórica con las familias costarricenses que ocuparon terrenos con bosque mucho antes de ser declaradas áreas bajo protección, el proyecto de ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA), busca cerrar un vacío legal histórico al permitirle a personas acceder a los beneficios de sus propios esfuerzos de conservación.
El proyecto constituye un nuevo derecho real administrativo, llamado derecho de utilidad ambiental (DUA), como un régimen jurídico especial para regularizar la tenencia de tierras estatales bajo protección. Con esto se beneficia a las familias cuya única propiedad se ubica en un terreno en un Área Silvestre Protegida o que está constituido por bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales.
La propuesta nace del impulso de varios diputados y diputadas acompañados por un equipo del técnico interinstitucional del Poder Ejecutivo.
“Lograr este derecho de uso permitiría que muchas familias puedan acceder a créditos, aprovechar plenamente sus tierras y afrontar duras situaciones económicas. Tener esta garantía legal, ayudaría a miles de personas en todos los rincones del país y saldaría una deuda pendiente de muchos años“, indicó al Presidente de la República, Carlos Alvarado, al convocarla de inmediato a las sesiones extraordinarias del Congreso.
Regulaciones del proyecto
Además de otorgar el derecho de usufructo a las familias, la ley propuesta posibilita la construcción de la infraestructura pública, les garantiza a los habitantes la dotación de servicios públicos básicos, por parte del Estado, para el desarrollo de las actividades autorizadas por medio de la ley DUA. La propuesta nace del impulso de varios diputados y diputadas acompañados por un equipo del técnico interinstitucional del Poder Ejecutivo.
Las familias que podrán optar por un DUA son mayores de edad, que demuestren tener como única residencia un predio bajo régimen de protección ambiental, por más de 10 años, según información obtenida por la entidad administradora de éstos, a partir de los últimos censos nacionales; así como personas jurídicas sin fines de lucro.
Las personas pobladoras podrán elaborar actividades productivas sostenibles como ecoturismo, agro ecoturismo, silvicultura, reforestación, manejo forestal sostenible y comunitario, agricultura familiar, agricultura ancestral, conservación de la biodiversidad, servicios eco sistémicos, restauración, comercio, residencia, ganadería sostenible u otras que sean aprobados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de acuerdo con el Plan General de Manejo o el Instrumento de Gestión de Recursos Naturales.
El DUA, faculta a particulares para ejercer algunos derechos sobre el dominio de bienes inmuebles propiedad del Estado. Este acto se materializará en un título que debe ser inscrito en el Registro Inmobiliario, asignando una matrícula de folio real especial.
Esos derechos no podrán ser otorgados a personas en parques nacionales y reservas biológicas. Tampoco se otorgarán cuando la persona pobladora practique exploración y explotación de minerales o hidrocarburos, vertido de residuos, depósito de desechos, desagüe de efluentes, liberación de emisiones contaminantes o establecimiento de industrias.
Para la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, la iniciativa permite honrar una deuda histórica con muchas familias en diversos territorios al país, al plantear una solución estructural el problema de regularización de tenencia de la tierra en patrimonio natural del Estado.
“Este proceso es otro de los esfuerzos que realiza el Ejecutivo para impulsar la reactivación económica. El DUA permitirá que diversas familias formalicen su situación de tenencia, facilitando el acceso a crédito y diversos mercados en el caso de sus productos y servicios. Igualmente, promoverá el cuido de nuestros recursos naturales mediante el involucramiento de las comunidades. La reactivación económica sostenible es posible”, concluyó la jerarca.
