«Podría ser perfectamente un récord nacional. No recuerdo otro proyecto de ley consultando a la Sala Constitucional que haya sido tan señalado por violentar nuestra Constitución Política» señala el diputado José María Villalta con respecto al Proyecto de Empleo Público, al que se le señalan más de 35 errores de inconstitucionalidad.
«Pero el problema no es solo la cantidad de inconstitucionalidades, sino su gravedad y profundidad. La Sala concluyó que a lo largo de su articulado, el proyecto de ley contiene normas que lesionan elementos esenciales sin los cuales no puede haber Estado de Derecho ni sistema democrático, como la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.
Queda en evidencia también que, de forma grosera, a través de este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo intentó desconocer y anular la autonomía constitucional de las universidades públicas, de la Caja Costarricense del Seguro Social y de las municipalidades. Nada menos.
Lo resuelto por la Sala -de forma unánime en la mayoría de estos casos- no es ninguna sorpresa. Dejar pasar semejantes inconstitucionalidades habría implicado derogar artículos completos de la Constitución, legitimar la ruptura del Estado de Derecho por medio de un proyecto de ley de corte autoritario y concentrador de poder.
Lo que sí no deja de sorprender es la prepotencia y la falta de autocrítica del Gobierno que intentó perpetrar este asalto al orden constitucional. Desperdiciaron 8 meses de sesiones extraordinarias tratando de imponer esta ley a la brava, desconociendo reiteradas advertencias desde la academia, la sociedad civil y la judicatura sobre los evidentes vicios de fondo. Transaron los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables para cambiarlos por un puñado de votos para este adefesio.
Una y otra vez les advertimos sobre estos problemas. Nunca quisieron escuchar, escudándose en las ocurrencias de mercenarios que llegaron a pregonar que lo que dice la Constitución es una «leyenda urbana». Rechazaron todas las mociones que habrían podido corregir todos y cada uno de los vicios del proyecto.
Por este comportamiento negligente y dada la gravedad y la obviedad de las inconstitucionalidades señaladas, deberían pedir disculpas al pueblo y renunciar a sus cargos los responsables políticos de semejante fiasco.
Pero no, en su lugar salen ahora a decir que las groseras inconstitucionalidades de fondo del proyecto de ley son simples “correcciones técnicas”. ¡Cuánto cinismo!
Sobre los alcances de este voto de la Sala Constitucional y el futuro del proyecto de ley de empleo público queda mucha tela que cortar. Hay puntos que no son claros como lo resuelto sobre el derecho a la negociación colectiva. Apenas conocemos el “por tanto” de la resolución dictada el sábado pasado, en respuesta a la consulta que presentamos junto a diputados y diputados de otras fracciones. Falta analizar la sentencia completa.
Pero con lo que sabemos hasta ahora podemos decir: vale la pena seguir luchando, por más adverso que parezca el panorama en la Asamblea, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Esta apenas está empezando.
¡Qué lamentable legado de la Administración Alvarado Quesada! Para intentar aprobar el proyecto más groseramente inconstitucional de la historia reciente, abrió la puerta para legitimar la mal llamada objeción de conciencia en perjuicio de los derechos humanos que prometió proteger» , señala Villalta.
