Domingo 05 de diciembre de 2021.La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, instó al Concejo Municipal de Matina a ejercer las competencias y responsabilidades institucionales vigentes en el Código Municipal, y en la integralidad del ordenamiento convencional costarricense, y valorar la apertura de una investigación disciplinaria sobre las manifestaciones efectuadas por el Alcalde, Walter Céspedes Salazar, independientemente de las investigaciones que puedan efectuarse desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o el Ministerio Público.
Como es de conocimiento público, Céspedes Salazar, emitió comentarios que atentan contra la dignidad de la mujer indígena y que fueron divulgados en el marco de una investigación del OIJ.
La Defensoría estima que las manifestaciones del Alcalde no deben ser invisibilizadas, como muchas veces se invisibilizan y callan las voces de las mujeres víctimas de violencia y discriminación y, en ese sentido, el Concejo Municipal no puede actuar de manera indiferente y omitir su deber de investigación, prevención y sanción de cualquier forma de violencia perpetrada por las personas funcionarias públicas que conforman la Municipalidad.
Mediante comunicado emitido el pasado 26 de noviembre, la Mesa Nacional Indígena Costa Rica manifestó su rechazo a “la actitud racista y discriminatoria del señor Céspedes Salazar, con la que podría estar cometiendo delitos como trata de persona y explotación sexual”. Por su parte, en esa misma fecha, el Grupo de Mujeres Indígenas de Costa Rica rechazó y reprochó las conversaciones “donde se hace referencia a una mujer indígena como un objeto de trueque o cambio de aparentes favores sexuales.
La Defensoría le recuerda al Concejo Municipal el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a partir del reconocimiento constitucional de la igualdad de todas las personas ante la ley, y aquellas acordadas con base en la ratificación e incorporación de instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre
todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (Convención CEDAW por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará),
Costa Rica rechaza toda forma de discriminación y todo acto de violencia perpetrado contra las mujeres por su condición de género y en el marco de la Debida Diligencia debe tomar todas las medidas necesarias para evitar estas manifestaciones y prevenir su repetición. El Estado ha tomado medidas concretas tales como la elaboración e implementación de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) y la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades Costa Rica 2017-2032 (PLANOVI), generando obligaciones para toda la institucionalidad, incluyendo los gobiernos locales.
Como bien debe conocer el Concejo Municipal de Matina, la discriminación y la violencia contra las mujeres está indiscutiblemente vinculada con otros factores que, junto con su género, afectan su vida en todos los espacios en los que se desarrolle.
El origen étnico y racial, la edad de las mujeres, y su condición de minoría han generado, históricamente, formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, así como violencia sistemática perpetrada por agentes estatales y no estatales, utilizando los cuerpos de las mujeres como moneda de cambio y servidumbre, despojándolas de su condición de humanas, de personas titulares de derechos.
“En el caso de las mujeres indígenas, el país mantiene una deuda histórica que requiere de acciones concretas para prevenir la explotación sexual y laboral, revertir su exclusión en materia de participación social y política, y garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades. Para ello se requiere de respuestas tanto normativas y jurídicas, como de transparencia y rendición de cuentas”, manifestó la Defensora de los Habitantes, en el oficio enviado al Concejo Municipal de Matina.
Crespo Sancho agrego que “El Estado costarricense se ha comprometido a garantizar y proteger los derechos de las y los habitantes del país; y todas las personas funcionarias públicas, sin excepción, deben ejercer sus labores en el marco del deber de probidad, y el respeto a la dignidad humana”.
