La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó un año de suspensión del cargo contra los seis alcaldes investigados en el caso ‘Diamante’, entre ellos el sancarleño Alfredo Córdoba, por supuesta corrupción con obra pública en municipalidades. La petición la hizo la representación fiscal ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.
El Ministerio Público también pretende extender las medidas cautelares de impedimento de salida del país y de prohibición de acercarse a las respectivas municipalidades.
Los seis alcaldes investigados por el Caso Diamante son son: Johny Araya alcalde josefino, Humberto Soto, de Alajuela, Mario Redondo, de Cartago; Arnoldo Barahona, de Escazú; Alfredo Córdoba, de San Carlos y Alberto Cole, de Osa.
Los alcaldes municipales permanecen suspendidos desde el pasado 19 de noviembre, según determinó el Juzgado Penal de Hacienda.
A Alfredo Córdoba el Ministerio Público lo investiga por una dádiva de ¢15 millones que le habría dado Constructora Meco para obtener licitación de un camino de Pitalito de Aguas Zarcas, San Carlos, cuyo costo de construcción es de ¢600 millones y que se haría con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También el alcalde habría influido para que MECO obtuviera una licitación de rehabilitación de la ruta nacional 250, que conduce a Saíno, Boca Tapada y Río San Carlos, cuyo costo rondaría los ¢506 millones.
Asimismo, MECO le habría concedido al alcalde la contratación como empleado al esposo de su hija, en un proyecto que la constructora tenía en Nicaragua. Esto porque la hija del alcalde realizaba una práctica en ese país y su yerno necesitaba trabajo ya que es ingeniero y debía permanecer un año en el hermano país.
Pollera de Calle Damas de la Palmera
También el Ministerio Público investiga la construcción de un planché de cemento para hacer una pollera en Calles Damas de Palmera, labor que le habría concedida MECO como una dádiva más.
Luego que el Tribunal de Hacienda condenara la semana pasada a Alfredo Córdoba Soro Alcalde de San Carlos a seis meses de inhabilitación de su cargo y a pago de 3.6 millones de colones por nombramiento ilegal del ex funcionario Municipal Wilberth Rojas en el años 2002, ahora la discusión está en la perdida sus credenciales de acuerdo a la ley.
